Constatan violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Honduras con ocasión del golpe de Estado
Misión internacional de observación sobre la situación de los derechos humanos en Honduras.
Informe Preliminar
Tegucigalpa, 23 de julio de 2009
i. Introducción
Una Misión Internacional de Derechos Humanos compuesta por quince profesionales independientes (juristas, periodistas, antropólogos, politólogos, sociólogos y expertos en derechos humanos) procedentes de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, España, Nicaragua, Perú, Suecia y Uruguay se constituyó en Honduras el 17 de julio pasado para verificar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Honduras durante y después del golpe de Estado del pasado 28 de junio, a fin de presentar observaciones y recomendaciones al respecto a la OEA, la ONU, la Unión Europea y sus Estados miembros.
Divididos en cuatro grupos de trabajo, la misión ha recibido testimonios de casos ocurridos en varias partes del territorio hondureño: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Olancho y Colón. Ha llevado a cabo con este objeto entrevistas con diferentes organizaciones y expertos de derechos humanos, movimientos sociales, sindicatos, medios de comunicación, periodistas, diputados del Congreso Nacional, partidos políticos, el Fiscal General de la República, la Fiscal Especial de Derechos Humanos, el General Director de la Policía Nacional, agencias de cooperación internacional, representantes de Naciones Unidas, del cuerpo diplomático, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Defensa Pública, la Dirección General de Migración y familiares del Presidente Manuel Zelaya.
La misión internacional está conformada por quince personas de las siguientes organizaciones y redes de derechos humanos: Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Iniciativa de Copenague para Centroamérica y México (CIFCA), FIAN Internacional, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia), Suedwind-Austria, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeon Cañas (IDHUCA-El Salvador), Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH), el Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y Africa (IEPALA-España), Federación de Asociaciones de defensa y promoción de los Derechos Humanos (España), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), Solidaridad Mundial (Bélgica), IBIS (Dinamarca), Alianza Social Continental, Enlazando Alternativas, y Centro de Estudios Tricontinental.
ii. Los hechos verificados por la Misión
1. Con fecha 28 de junio de 2009 a las 5:15 am, efectivos de las fuerzas armadas, tras reducir violentamente a la guardia encargada de su protección, irrumpieron en la Casa Presidencial y secuestraron al Presidente Constitucional de Honduras señor Manuel Zelaya Rosales. La captura del Presidente se produjo sin que se presentara el mandato judicial correspondiente. Inmediatamente después fue trasladado a una base aérea desde donde fue llevado a Costa Rica, según testimonió el mismo Presidente, mediante un avión que despegó a las 6:10 AM de Honduras.
El asalto de la Casa Presidencial se llevó a cabo ejerciendo violencia contra los bienes y ocupantes de la casa. Los hechos descritos fueron denunciados por miembros de la custodia del Presidente Constitucional derrocado, así como por familiares del mismo que se encontraban el día del golpe en la Casa Presidencial.
2. En la mañana del 28 de junio, el Congreso de la República procedió a “improbar la conducta del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, por las reiteradas violaciones a la Constitución y a las leyes y la inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales”, cesándolo en su cargo de Presidente a pesar de no existir norma constitucional o legal que posibilitara tal cese, y designando a Roberto Micheletti Baín como “Presidente Constitucional de la República” (Decreto del Congreso Nro. 141-09).
3. Con fecha 30 de junio de 2009, aunque fechada el 30 de junio de 2008, se emitió el Decreto Ejecutivo Nro. 011-2009, firmado por el Sr. Micheletti, restringiendo los siguientes derechos constitucionales: la libertad personal, “detención e incomunicación por más de 24 horas” (sic), la libertad de asociación y reunión, el derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional. Los anteriores derechos se encuentran contemplados en los artículos 69, 71, 72, 78, 79, 81, 84, 99 de la Constitución.
El Decreto estableció que los derechos mencionados serían restringidos de 10:00 pm a 5:00 am en todo el territorio - conforme a lo establecido por la Ley de Estado de Sitio-, por el término de setenta y dos horas a partir de la aprobación del mismo.
En la indicada norma, -que a fecha de hoy y 23 días después de su promulgacion continúa en vigor- no sólo no figura el mecanismo de prórroga de la suspensión de los citados derechos, sino que el Decreto no ha sido publicado hasta la fecha en el diario oficial de la Republica de Honduras. Cabe señalar que el artículo 211 de la Constitución de Honduras dispone que la publicidad de las normas constituye un requisito esencial de validez de éstas.
La restricción o suspensión de derechos está exclusivamente prevista por la Constitución hondureña (art.187) para los supuestos de invasión del territorio nacional, perturbación grave de la paz, de epidemia u otra calamidad.
4. El decreto de suspensión de los derechos fundamentales de los hondureños continúa siendo aplicado pese a haberse vencido el plazo de 72 horas de duración originalmente contemplado en el decreto que dispuso estas restricciones; y no existe ningún decreto posterior que haya prorrogado formalmente esta suspensión. Asimismo, de forma diaria y a través de comunicados en diversos medios de comunicación, se ha venido variando aleatoriamente los horarios de vigencia del toque de queda impuesto en la capital y en el interior del país. 5. Existe incertidumbre sobre el horario del toque de queda y el alcance de la restricción de garantías. Preguntados sobre el horario del toque de queda, varios funcionarios entrevistados por la Mision, dieron horarios diferentes y expresaron diferencias sobre su contenido.
6. La Misión muestra su perplejidad por la actitud en apoyo al golpe de estado mantenida por la alta jerarquía católica hondureña y representantes de algunas iglesias evangélicas, y su implicación activa en la organización de las movilizaciones de respaldo a éste convocadas por el régimen de facto.
7. La Misión internacional sobre derechos humanos en Honduras ha identificado la existencia de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país con posterioridad al golpe de Estado. De igual forma, ha constatado la desprotección de numerosas personas afectadas ante la respuesta inadecuada de las instituciones que son constitucionalmente responsables de velar por el respeto a los derechos fundamentales de los y las hondureñas. En particular, la Misión llama la atención sobre la grave omisión del cumplimiento de las obligaciones funcionales del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Sr. Ramón Custodio.
8. Entre las vulneraciones de derechos fundamentales denunciados ante la Misión se encuentran un importante número de ejecuciones extrajudiciales, centenares de detenciones arbitrarias, múltiples amenazas, cercenamiento de la libertad de expresión e información, así como restricciones indebidas a la libertad de circulación, enmarcado todo ello en un contexto de clara persecución política que afecta especialmente a dirigentes políticos y sindicales, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas, ciudadanos/as extranjeros/as, entre otros.
9. En efecto, desde que se consumó el golpe de estado y en relación a él, según diversas fuentes constatadas por la Mision, han sido reportadas las siguientes muertes de personas: ISIS OBED MURILLO MENCIAS, de 19 años, muerto por disparos de las Fuerzas Armadas durante la marcha celebrada el 5 de julio por los partidarios del presidente depuesto al aeropuerto de Toncontin, Tegucigalpa; GABRIEL FINO NORIEGA, periodista de Radio Estelar, en el departamento de Atlántida, asesinado de 7 impactos de bala el 3 de julio cuando salía de su centro de trabajo; RAMON GARCIA, líder del partido politico Unión Democrática (UD), obligado a bajar de un vehículo de transporte público cuando regresaba de una manifestación y acribillado a tiros en la localidad de Santa Bárbara por desconocidos; ROGER IVAN BADOS, ex dirigente sindical del sector textil y actual militante de la UD y del Bloque Popular (BP), amenazado de muerte con posterioridad al golpe y asesinado a tiros tras sacarlo por la fuerza de su propia casa el 11 de julio en San Pedro Sula; VICKY HERNANDEZ CASTILLO (SONNY EMELSON HERNANDEZ), miembro de la comunidad LGTB, muerto en San Pedro Sula por un impacto de bala en el ojo y con señales de estrangulamiento, durante el toque de queda; y una persona no identificada, vestida con una camiseta de la denominada “cuarta urna”, encontrada muerta el 3 de julio en el sector de “La Montañita” en Tegucigalpa, lugar que fue cementerio clandestino de ejecuciones extrajudiciales durante los años 80. La misión continúa verificando otras denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
10. La Misión ha recibido del Centro de Investigaciones y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), denuncias relacionadas con la desaparición forzosa de: ANASTASIO BARRERA de 55 años, afiliado a la Central Nacional de Trabajadores del Campo, secuestrado en San Juan Pueblo, Atlántida, el día 5 de julio de 2009 por cuatro individuos que vestían chalecos de policía. Se ha reportado, asimismo, que Manuel Sevilla, de 19 años, fue desaparecido en San Pedro Sula el día 12 de julio luego de volver de una manifestación.
11. En cuanto a vulneraciones a la integridad de las personas, la misión tomó nota de amenazas, con ocasión del golpe de Estado, que afectan a diversos grupos dentro de la sociedad hondureña: periodistas críticos al régimen de facto, alcaldes, sindicalistas, dirigentes de organizaciones populares, defensores-as de derechos humanos, maestros, diputados. Hemos documentado más de cien personas en esta situación.
12. Hemos recibido informaciones relativas a la utilización política de la capacidad legítima del Estado de investigar y sancionar a personas vinculadas a la comisión de delitos. El caso que puede ilustrar esta tendencia es el del padre de Isis Obed Murillo, Don José David Murillo Sánchez, quien fuera capturado luego de que rindiera testimonio ante la Fiscalía de Derechos Humanos por el asesinato de su hijo. Su captura y posterior detención fue justificada con base en un antiguo proceso judicial que se encontraba paralizado, el mismo que fue reactivado luego de que Murillo acudiera a la justicia a denunciar la muerte de su hijo. De la lectura del expediente y la entrevista con jueces, testigos, abogados y el propio señor Murillo se deducen serias violaciones al debido proceso, la defensa, la libertad, etc. Otras denuncias recibidas comprenden asimismo procesos relativos a funcionarios del Gobierno depuesto.
13. Según lo afirmado a la Misión por el General Director de la Policía Nacional. Sr Escoto Salinas, se han registrado a la fecha 1275 detenciones vinculadas con infracciones al toque de queda y por otros motivos relacionado con las manifestaciones de protesta contrarias al golpe.
14. Respecto a la detención arbitraria de extranjeros, cabe señalar que en las últimas semanas aumentaron significativamente éstas; en particular, la de aquellos extranjeros de nacionalidad nicaragüense quienes se han visto afectados de manera desproporcionada por detenciones arbitrarias e irregulares. Sólo durante esta semana se han registrado allanamientos sin orden judicial y detenciones arbitrarias de, por los menos, veinte personas nicaragüenses.
15. Durante los días 20 y 21 de julio, miembros de la Misión constataron las violaciones de derechos humanos que sufrieron los jóvenes de nacionalidad nicaragüense: JARLEN MANUEL TORRES TORRES, NOE EMILIO AVELLAN RUIZ, TULIO RAFAEL BENDAÑA MEJÍA, ALEJANDRO JOSÉ GARCÍA OBREGÓN, PABLO YASE BENOARIA, JORGE DANILO FLORES, FRANCISCO ISRAEL CONNOR, CARLOS DAVID BENDAÑA MEJÍA, JOSE GONZÁLEZ, DARWIN ANTONIO REYES LAZO, MIGUEL ÁNGEL AGUILAR FERNÁNDEZ, HENRY GEOVANY MARTÍNEZ LÓPEZ Y DAVID JIRÓN. Ellos fueron detenidos arbitrariamente alegando infracciones administrativas al derecho de extranjeria, siendo sujetos a malos tratos, no se les ofreció asistencia consular, ni se les brindó condiciones de detención adecuadas, en algunos casos se les mantuvo detenidos en celdas policiales con otras personas acusadas de la comisión de delitos comunes, no tuvieron acceso a un juez ni a un defensor. Estas acciones fueron llevadas a cabo por miembros de la Policía Nacional Civil.
16. Las autoridades justifican estas detenciones en la existencia de “amenazas externas” al régimen de facto. Hasta el momento, las detenciones no han provisto de evidencia alguna respecto de la participación de los más de 100 afectados en acciones que comprometan la seguridad nacional. Por el contrario, muchos de los detenidos son comerciantes, trabajadores o migrantes, algunos de ellos-as con sólidos vínculos familiares y arraigo acreditado en Honduras.
17. Numerosos medios de comunicación locales contribuyen con esta práctica y política xenofóbica otorgando una cobertura sensacionalista de las detenciones de nicaragüenses e invitando a la población a denunciar la presencia de ciudadanos extranjeros en actitudes sospechosas.
18. La misión ha recibido múltiples denuncias relacionadas con el reclutamiento forzoso de jóvenes por parte del Ejército en zonas rurales, para integrarlos a las reservas.
19. En materia de Libertad de Expresión, hemos constatado graves restricciones a la libertad de expresión con posterioridad al golpe de Estado. En Tegucigalpa, Canal 36, Radio TV Maya y Radio Globo fueron militarizadas como parte del operativo de silenciamiento de medios de comunicación ocurrido con ocasión del golpe. Se suspendió temporalmente la transmisión de Canal 36 y hemos recibido denuncias, así como hemos constatado, el asalto a diversos locales de medios de comunicación y amenazas de muerte contra periodistas, el bloqueo de sus transmisiones o la interceptación telefónica y bloqueo de su acceso a internet.
20. La Misión fue informada del ametrallamiento, después del golpe, de la cabina de transmisión de Radio Juticalpa en Olancho, y de las amenazas de muerte producidas contra periodistas como el director del diario El Libertador, Sr. JHONNY JOSE LAGOS ENRIQUEZ, así como contra LUIS GALDANES, conductor del programa radial “Tras la Verdad”. El señor Lagos viene siendo objeto, además, de una persecución judicial promovida por el Fiscal General de Honduras, Dr. Luis Rubí, en base al art. 349 del Código Penal de Honduras que solo puede aplicarse a servidores públicos, condición que el señor Lagos Henríquez no tiene.
21. En la ciudad de Progreso, por otra parte, las fuerzas militares ocuparon y silenciaron las trasmisiones de Radio PROGRESO, siendo hostigado su director el sacerdote jesuita ISMAEL MORENO, detenido temporalmente el periodista ROMELL ALEXANDER GÓMEZ MEJÍA y recibido amenazas de muerte en el caso del periodista ROMEL ROMERO, canalizadas a través del teléfono celular de su esposa, la Sra. MIRIAM ESPINAL. Igualmente, el Equipo de Reflexión y Comunicación (ERIC), estrecho colaborador de Radio Progreso, viene siendo objeto de amenazas y hostigamiento por parte de fuerzas militares que se encuentran permanentemente situadas frente a su sede en la Casa San Ignacio, Boulevard Canán, en Progreso.
22. Situación similar a las anteriores padece OSMAN DANILO COREA, periodista del Canal 26 TV Atlántica en el Departamento de Colón, quien informó a la Misión que los militares han indicado a los medios de comunicación del departamento que no pueden trasmitir otras versiones o informaciones que no sean las del presidente de facto Micheletti. El señor Correa relató que recibió una llamada del Capitán de apellido Tercero, Jefe de la Base Naval de Castilla, próxima a Trujillo, para prohibirle trasmitir información sobre marchas distintas de los “camisetas blancas” (partidarios del gobierno de facto), amenazándolo con decomisarle los equipos en caso de desobedecer, añadiendo “porque nosotros mandamos, las fuerzas armadas tenemos el poder”. La Misión recibió, asimismo, la denuncia de hostigamiento y persecución sufrida por el periodista de televisora “La Cumbre” Sr. JORGE ORLANDO ANDERSON del pueblo de Bonito Oriental, por parte de militares de la ya referida base naval de Castilla.
23. El periodista NAHUM PALACIOS de Tocoa, refirió haber sido amenazado por el mismo Capitán Tercero de la Base Naval de Castilla el 28 de junio, quien ordenó la detención de 4 miembros de Televisora del Aguan, Canal 5. Por su parte, el periodista, Presidente del Sindicato de Maestros de Tocoa y Director del programa de noticias Centro de Noticias de Colón Sr. WILFREDO PAZ ha recibido constantes amenazas anónimas de quemarle la emisora si continuaba con sus emisiones, ordenando el ya referido Capitán Tercero, que la empresa de cable cortara la trasmisión del programa del Sr. Palacios.
24. La Misión ha recibido igualmente denuncias muy concretas de la actuacion de grupos paramilitares, compuestos por civiles vinculados supuestamente a organizaciones de narcotraficantes, y a grupos de seguridad privada al servicio de destacados empresarios, quienes vestidos con traje de camuflaje operan conjuntamente con miembros del XV Batallón del Ejercito Hondureño en el departamento de Colón.
25. La Misión, ha constatado, asimismo, amenazas y coacciones a trabajadores-as en sus puestos de trabajo relacionadas con su asistencia a marchas contrarias al golpe; asi como actuaciones coactivas para garantizar su asistencia obligatoria a marchas convocadas por el régimen de facto y la empresa privada.
iii. Conclusiones
La Misión internacional constató la existencia de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos en Honduras con posterioridad al golpe de Estado. Algunas de ellas tienen como origen la aplicación de normas abiertamente contrarias a los compromisos internacionales de protección de derechos humanos, la militarización de funciones de seguridad e instituciones estatales, abusos por parte de fuerzas de seguridad del Estado y la falta de respuesta de los mecanismos de garantía del Estado.
Una de las conclusiones fundamentales de la visita consiste en determinar que el Decreto 11-2009, de suspensión de garantías, establece restricciones a una amplia gama de derechos fundamentales incluyendo la libertad personal, la movilidad y otros, así como su aplicación, contrarían las obligaciones internacionales del Estado en la materia.
Los vicios identificados en el Decreto 11-2009 hacen ilegítimas las medidas adoptadas con fundamento en el mismo, como por ejemplo, las centenares de detenciones por toque de queda, allanamientos y las restricciones a la libertad de movilización en las carreteras. La Misión considera que uno de sus hallazgos fundamentales consiste en establecer la desprotección de numerosos afectados por las graves violaciones perpetradas ante la respuesta inadecuada de las instituciones que son responsables de velar por la garantía de los derechos fundamentales de los y las hondureñas. Ello es evidenciado en la manifiesta falta de recursos de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, así como en la inoperancia de la Corte Suprema para decidir sobre la legalidad del decreto de suspensión de garantías y otros amparos sobre violaciones a derechos fundamentales ocurridas con ocasión del golpe, y la negligencia del Comisionado Nacional de Derechos Humanos.
Más aún, es posible sostener, que algunas instituciones de control de derechos han asumido un papel abiertamente cómplice de las autoridades de facto, haciendo caso omiso de sus funciones constitucionales y legales.
El golpe ha colocado en una situación de mayor precariedad en la tutela de sus derechos a varios colectivos que estaban en una situación de vulnerabilidad con antelación al 28 de junio, como ocurre con la comunidad LGTB.
Hemos constatado serias limitaciones a la libertad de expresión y amedrentamientos destinados a restringir la circulación de información que critique al régimen de facto. A su vez, consideramos que una parte de los medios de masivos comunicación del país ha tenido una actitud irrespetuosa con la pluralidad de ideas y la democracia. En ocasiones, estos medios se han hecho eco de posiciones abiertamente represivas e incitadoras de la violencia contra los partidarios del gobierno depuesto.
Quisiéramos destacar el papel destacado que han jugado y siguen jugando en esta coyuntura numerosos defensores-as de derechos humanos, quienes a pesar de la adversidad, la falta de recursos y los riesgos a su integridad y su vida, han levantado su voz para denunciar los abusos, proteger a las víctimas y defender la institucionalidad democrática. Valoramos especialmente el papel de las mujeres y sus organizaciones para defender la democracia y los derechos humanos en Honduras
iv. Recomendaciones
I. A la comunidad internacional de Estados
1- Implementar todas las medidas necesarias para contribuir a garantizar el goce y disfrute de los derechos humanos de la población hondureña;
2- Mantener una posición firme de condena al golpe de Estado, exigiendo la restitución del Presidente Zelaya y el restablecimiento del orden constitucional;
3- Mantener la suspensión de las relaciones diplomáticas con el régimen de facto, así como de cualquier apoyo económico o financiero dirigido a las instituciones del Estado involucradas en el golpe de Estado;
4- Desconocer los resultados de elecciones convocadas por el gobierno de facto, tal y como fue expresado por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, asi como desconocer cualquier decision adoptada por dicho gobierno.
• Sobre las relaciones bilaterales con Honduras
5- Las embajadas presentes en el país deben continuar y reforzar las medidas apropiadas para contribuir a la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y activistas de la sociedad civil, entre otras, mediante
Visitas a las oficinas de personas y organizaciones en riesgo
Invitaciones e intercambios constantes con las mismas
Apoyo logístico que sea pertinente para su seguridad
Implementación de un sistema de alerta y emergencia de acceso inmediato para personas en riesgo.
Abrir conjuntamente con ONG internacionales un apoyo adicional para la sociedad civil hondureña, para reforzar su capacidad de proteger y monitorear DDHH. En particular, es necesario de aumentar los recursos humanos y financieros para que atiendan las necesidades en el interior del país.
6- La cooperación internacional debe mantener la suspensión de apoyo presupuestario y de programas a instituciones del Estado que han estado involucrados en el golpe de estado, manteniendo la ayuda humanitaria, la cooperación con los municipios y con las organizaciones de la sociedad civil hondureña.
7- Los Estados deben tomar medidas contra los principales responsables del golpe, tales como la restricción de otorgar visas y el congelamiento de cuentas bancarias en el exterior.
• Relaciones entre Unión Europea y Honduras
8- Con respecto a las relaciones entre Honduras y la Unión Europea, deben aplicarse las medidas siguientes:
• La cláusula democrática contemplada en el art. 1 del Acuerdo Marco de Cooperación entre la Unión Europa y Centroamérica del 1993, que faculta la suspensión de la cooperación en caso de grave quebrantamiento del orden constitucional.
• Abstención de relaciones diplomáticas con el nivel de viceministros del gobierno ilegítimo, como también con todos los representantes diplomáticos hondureños en la Unión Europea que apoyan al gobierno de facto.
• Suspensión, más allá del apoyo presupuestario, de todos los programas dirigidos a apoyar las instituciones del Estado que han estado involucradas en el golpe de estado.
• Mantener la decisión de suspender las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central hasta que se restituya el orden constitucional en Honduras.
• Suspensión de Honduras del Sistema General de Preferencias (SGP plus) de la Unión Europea.
II.A los órganos y organismos internacionales
9- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe continuar monitoreando la situación de los derechos humanos en Honduras y emitiendo recomendaciones para proteger a la población en Honduras, en este sentido urgen las siguientes acciones:
Seguir otorgando medidas cautelares para proteger a las personas en situación en riesgo
Realizar a la brevedad la visita in situ al país y emitir un informe con las recomendaciones que estime convenientes.
10- El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas debe pronunciarse en contra del golpe de Estado en Honduras y adicionalmente debe tomar medidas que contribuyan al restablecimiento del orden constitucional.
11- El sistema de protección de Derechos Humanos de la ONU debe activar los mecanismos apropiados para abordar la situación de derechos humanos en Honduras, en particular considerar la pertinencia de:
Adoptar una resolución a nivel del Consejo de Derechos Humanos;
Establecer una oficina permanente del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras;
Realizar visitas de verificación de las relatorías especiales competentes en materia de libertad de expresión, defensores y defensoras de derechos humanos e independencia de los jueces y abogados.
12- La Corte Penal Internacional debe actuar preventivamente. Por ello solicitamos al Fiscal General de la Corte Penal Internacional iniciar diligencias conducentes a una posible investigación penal conforme a la disposición del art. 7, numeral g del Estatuto de Roma que contempla la competencia por el crimen de persecución política. Ante la gravedad de la situación de derechos humanos, hemos tomado la decisión entre las organizaciones nacionales e internacionales involucradas en la misión, iniciar en seguimiento a esta misión un Observatorio de Derechos Humanos en Honduras.
_________
Los integrantes de la Misión de Observación sobre la situación de los
Derechos Humanos en Honduras, han sido las siguientes personas:
• Luis Guillermo Pérez (CIFCA)
• Marcia Aguiluz (CEJIL)
• Viviana Krsticevic (CEJIL)
• Martin Wolpold-Bosien (FIAN Internacional)
• Jorge Rojas (CODHES)
• Benjamín Cuellar (IDHUCA)
• Miguel Jugo (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de
Perú)
• Javier Mujica (FIDH)
• Efraín Olivera (PIDHDD, SERPAJ)
• Enrique Santiago (IEPALA, FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOSESPAÑA)
• Ellen Verryt (Solidaridad Mundial)
• Hans Peter Dejgaard(IBIS – Dinamarca)
• Katrin Erlingsen (Asesora del Presidente de la Comisión de
Cooperación económica y Desarrollo del Parlamento alemán)
• Leo Gabriel (Instituto de Investigaciones Interculturales y de
cooperación - Austria)
• Katia Nouten (CIFCA)
• Dolores Jarquín (Alianza Social Continental)
• Francois Houtart (Centro De Estudios Tricontinental)
Samstag, 25. Juli 2009
Mittwoch, 15. Juli 2009
Crisis política en Honduras
texto escrito el 29 de junio de 2009 por la rectora de la UNAH
HONDURAS.
POLÍTICOS, EMPRESARIOS Y MILITARES: PROTAGONISTAS DE UN GOLPE ANUNCIADO
Leticia Salomón
A. LOS HECHOS
1. LA DETENCIÓN Y EXPATRIACIÓN DEL PRESIDENTE
El domingo 28 de junio de 2009, un contingente de militares rodearon la residencia del Presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales (2006-2010), lo detuvieron, lo trasladaron a la Fuerza Aérea Hondureña y lo enviaron a Costa Rica, en un acto similar al que realizaban los militares en el pasado cuando querían deshacerse de los antiguos Jefes de las Fuerzas Armadas. El detonante principal fue la convocatoria a una encuesta de opinión a realizarse ese mismo día, promovida por el Presidente de la República, a través de la cual se le consultaría a la ciudadanía si deseaba que en las elecciones de noviembre se colocara una cuarta urna (las otras tres corresponden al Presidente, a los diputados y a los alcaldes) para votar por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en el 2010, cuyo fin primordial sería la elaboración de una nueva Constitución de la República.
2. EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL GOLPE DE ESTADO
El golpe de Estado se venía gestando desde varios días atrás, alimentado por una confrontación creciente entre los tres poderes del Estado, específicamente entre los poderes Legislativo y Judicial contra el Poder Ejecutivo. Una de las manifestaciones más evidentes fue el desconocimiento por dos poderes del Estado, de la decisión del Presidente de la República de destituir al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, por negarse a cumplir una orden del Ejecutivo, facultad establecida en la propia Constitución de la República que se enmarca dentro de la subordinación jerárquica de las Fuerzas Armadas al poder legítimamente constituido. La restitución del mencionado General en su cargo en una operación relámpago por parte de la Corte Suprema de Justicia y similar acción por parte del Congreso Nacional, que llegó al extremo de declarar héroe nacional al militar, constituyó un atentado a la independencia de poderes y llevó al límite la negativa de ambos poderes a realizar una consulta ciudadana.
La decisión de consumar el golpe de Estado se tomó el jueves 25 de junio cuando el mismo Presidente del Congreso pidió al pleno declarar deshabilitado al Presidente de la República para continuar desempeñando su cargo, y procedió a constituir una Comisión de Dictamen cuya resolución no se produjo con la celeridad que se esperaba, lo que unido a la cautela del Embajador de los Estados Unidos para apoyar la inhabilitación, impidió que el golpe de Estado se consumara ese mismo día.
3. EL DESENCADENANTE
La Constitución vigente en Honduras data de 1982 y en ella no se contemplan los mecanismos para revisarla y crear una nueva. Los constituyentes de la época, conscientes de las debilidades de los partidos políticos tradicionales, establecieron un conjunto de artículos denominados “pétreos” y una advertencia encaminada a considerar como delito cualquier intento de reformarla. La iniciativa del Presidente Zelaya de impulsar una consulta/encuesta ciudadana para preguntarle a la ciudadanía si quería que se colocara una cuarta urna en las elecciones generales de 2009, para decidir sobre la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que se encargaría de reformar la constitución, recibió una reacción adversa de la clase política que recordaba constantemente que en el pasado autoritario esa propuesta llevaba implícita un golpe de Estado y, derivado de ello, el empeño continuista del Presidente de la República. A partir de ese momento, todo intento del Presidente para realizar la consulta chocaba con la oposición del Poder Legislativo, primero, y del Poder Judicial, después. Ambos intensificaban su oposición emitiendo constantes y veloces fallos de ilegalidad a las iniciativas del poder Ejecutivo, relacionadas con la cuarta urna, ya sea en la fase de consulta o en la fase de encuesta.
B. LA ALIANZA POLÍTICO-ECONÓMICA-MEDIÁTICA
Lo anterior permitió la confluencia de intereses diversos:
1. intereses político-partidarios, que aglutinaron a seguidores del Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, candidato perdedor en las elecciones primarias del partido Liberal, con un fuerte resentimiento con el presidente del Poder Ejecutivo por no haberle dado el apoyo suficiente para asegurar su triunfo; militantes del partido Nacional, que vieron la iniciativa del Presidente Zelaya como una amenaza al triunfo del candidato de su Partido, Porfirio “Pepe” Lobo; diputados de dos de los tres partidos pequeños, Pinu y Democracia Cristiana, que se posicionaron al lado del presidente del Congreso Nacional en la confrontación de poderes del Estado (la excepción la constituyó el partido Unificación Democrática de tendencia izquierdista y con muy poca representación en el parlamento).
2. Intereses político-institucionales, en torno a los que se agruparon las siguientes instituciones: a) Corte Suprema de Justicia, de cuyos miembros ocho son del partido Liberal, incluido su presidente, y siete son del partido Nacional. Todos ellos fueron nombrados por el Congreso Nacional a propuesta de una Junta Nominadora, pero todos guardan un alto nivel de subordinación hacia el partido que votó por ellos y, en el caso del Presidente (de la Corte Suprema) mantiene una relación de dependencia directa con respecto al Presidente del Congreso Nacional b) Ministerio Público, dirigido por el Fiscal General, perteneciente al partido Liberal, y el Fiscal General Adjunto, del partido Nacional, ambos nombrados recientemente por el Congreso Nacional luego de fuertes negociaciones entre las bancadas en las que el presidente Micheletti jugó un papel activo c) Procuraduría General de la República, liberal nombrada por el Congreso Nacional y con fuerte dependencia de su partido d) Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, reelecto por el Congreso Nacional luego de intensas negociaciones con el partido Liberal y e) Tribunal Supremo Electoral, organismo altamente partidizado cuyo presidente pertenece al partido Liberal y mantiene vínculos directos con el presidente del Congreso.
3. Intereses económicos, que juntaron a dirigentes empresariales de las organizaciones gremiales, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y Asociación Nacional de Industriales (ANDI), que estaban disgustados con la decisión presidencial de aumentar unilateralmente el salario mínimo en diciembre anterior, a pesar de la negativa empresarial a aumentarlo.
4. Intereses mediáticos, que hicieron confluir a los principales dueños de medios de comunicación a) Rafael Ferrari, del Partido Liberal, dueño de canales de televisión 3, 5 y 7, y de una cadena de radio y varias radios menores, b) Carlos Flores, también del Partido Liberal, ex presidente de Honduras y dueño de Diario La Tribuna, de mucha influencia en la zona central del país y padre de la Vicepresidenta del Congreso Nacional a quien colocó por su amistad con Roberto Micheletti, entonces Presidente del Congreso Nacional, con una relación de dependencia hacia el ex presidente; c) Jorge Cañahuatti, del Partido Nacional, dueño de los diarios El Heraldo y La Prensa, con fuerte influencia en la zona central el primero y nacional el segundo, confrontado con el gobierno desde el inicio, por cuestiones partidarias y por quedar excluido de los contratos del gobierno. Desde dos años atrás el presidente comenzó a señalar a los "poderes fácticos" que lo presionaban para conseguir beneficios económicos, dentro de los cuales se encontraban los empresarios de medios de comunicación y otras actividades económicas, que se han señalado.
C. LOS ARGUMENTOS SEÑALADOS
1. El presidente quería imponer la democracia participativa
La clase política del país, representada en el Congreso Nacional a través de los partidos actualmente constituidos, ha manifestado una resistencia creciente a aceptar nuevas formas de democracia, como la participativa, argumentando que la democracia representativa es la única forma de ejercicio de la democracia y que los diputados al Congreso Nacional son los únicos facultados para opinar sobre los asuntos públicos. La idea de consultar a la ciudadanía para opinar sobre un asunto de trascendencia nacional, como la creación de una nueva Constitución adaptada a los cambios que ha experimentado el contexto nacional e internacional luego de 28 años de haber sido emitida, alteró la calma legislativa y sus diputados comenzaron a argumentar que la Constitución de la República no se podía cambiar porque los constituyentes que emitieron la Constitución de 1982, actualmente vigente, decidieron que habían artículos pétreos que hacían imposible que la Constitución fuera reformada.
2. El Presidente desobedeció las órdenes judiciales
La insistencia del Presidente de la República de continuar adelante con la idea de la cuarta urna, pese a la oposición del Poder Legislativo, secundada por el Poder Judicial, llevó al límite la confrontación entre los poderes del Estado y todos ellos terminaron con argumentaciones y contra argumentaciones jurídicas que evidenciaron la politización partidaria del Poder Judicial que se posicionó al lado del Poder Legislativo en el conflicto entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. De esta manera, lo que pudo haber sido un conflicto exclusivamente jurídico, que debía resolverse en los tribunales de Justicia, se convirtió en un problema esencialmente político que se manejó públicamente como problema jurídico, aunque privadamente, a través de negociaciones entre el Poder Ejecutivo y la alianza político-económica-mediática, se manejó como un problema político.
3. El Presidente pretendía continuar en el poder
El argumento del continuismo comenzó a ser utilizado por el Congreso Nacional, secundado por los dueños de medios de comunicación, la empresa privada, sectores conservadores, personas y grupos interesados, y militares retirados que comenzaron a plantar la idea de que el presidente quería continuar en el poder, a pesar de su reiterada afirmación de que él estaría en el gobierno hasta el último día de su mandato y que la Asamblea Nacional Constituyente sería tarea del nuevo gobierno que iniciaría en el 2010. En esta percepción pudieron influir declaraciones iniciales contradictorias por parte de funcionarios allegados al Presidente de la República, que pudieron contribuir a confundir a los sectores en confrontación sobre este tema, aunque el mismo adquirió su propia dinámica y comenzó a repetirse una u otra vez por parte de todos los componentes de la alianza política-económica-mediática, hasta lograr un alto nivel de manipulación y desinformación.
4. El presidente quería instaurar el comunismo en el país
La cercanía del Presidente Zelaya con los países integrantes de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) y Petrocaribe, le creó una imagen de centro izquierda que incomodó a empresarios y políticos que comenzaron a asociar todas las decisiones gubernamentales con acciones encaminadas a instaurar el comunismo en el país, situación que fue hábilmente manipulada por los medios de comunicación y repetida insistentemente por los militares retirados que adquirieron un protagonismo creado y estimulado por las fuerzas opositoras al gobierno. La cercanía a los países de la ALBA, en particular, Venezuela, Nicaragua y Cuba, les llevó a estigmatizar a gobierno y ciudadanos de estos países, y a considerar que la presencia de sus diplomáticos en el país constituía una amenaza para la democracia.
5. El Presidente ha incumplido sus funciones
El tema de la cuarta urna desplazó a todos los otros temas de la agenda nacional, acaparando la atención de legisladores, funcionarios y medios de comunicación, al extremo que medios de comunicación de la alianza político-económica-mediática dedicaban espacios casi completos a cuestionar el tema y, por supuesto, el gobierno utilizaba el canal del Estado y un par de canales más, para defender su posición en torno a la cuarta urna. La alianza opositora continuó cuestionando la insistencia presidencial en mantener el tema y decidieron cuestionarlo por la falta de atención, que según ellos, le restaba a la fiebre AH1N1, inundaciones y terremotos.
D. EL PAPEL DE LOS MILITARES
Conforme avanzaba la confrontación entre poderes del Estado, en una evidente crisis de ingobernabilidad política, la alianza opositora comenzó a acercarse al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, y a la Junta de Comandantes, para pedirles que no obedecieran las órdenes del presidente de la República, de repartir las cajas para la encuesta de opinión en todo el país. A la vez que negociaba con la cúpula militar en privado, colocaba en la agenda pública a militares retirados, protagonistas de la década de los ochenta, formados en plena guerra fría, reafirmando posiciones anticomunistas, incitando a la desobediencia y haciendo llamados a la insubordinación de los militares activos. La crisis permitió que personajes sumados en el anonimato adquirieran visibilidad y se convirtieran en referentes notables para los medios de comunicación de la alianza opositora, militarizando la agenda de los medios y polarizando la sociedad en dos grupos fuertemente enfrentados, los que estaban a favor y los que estaban en contra. La destitución del Jefe del Estado Mayor y la renuncia del Secretario de Defensa, Edmundo Orellana, fue una consecuencia lógica de la presión político-jurídica a que se vieron enfrentados los militares durante varios días de confrontación.
Hasta ese momento las Fuerzas Armadas aparecían como víctimas de la polarización civil en el plano político. A partir de ahí y luego de la restitución político-judicial del General en su cargo, y después de su reconocimiento público en el Congreso Nacional como “héroe nacional”, por haberle desobedecido al Presidente de la República, el militar comenzó a participar en marchas y protestas callejeras, y a dar entrevistas para los medios opositores, definiéndose claramente del lado de la alianza político-económica-mediática. La Junta de Comandantes, constituida por los Jefes de las tres fuerzas y el Inspector General, además del propio Jefe del Estado Mayor Conjunto, decidió involucrarse en la confrontación tomando partido por la alianza opositora y ejecutando el golpe de Estado de la mañana de 28 de junio. Muchos años de profesionalización y creciente subordinación militar a los gobiernos legítimamente constituidos fueron echados por la borda por los Comandantes militares que prefirieron anteponer sus intereses y rencores particulares, y sucumbir ante el poder económico y político, cometiendo uno de los errores más grandes que marcarán negativamente a su institución. En estos 28 años de construcción democrática, las Fuerzas Armadas lograron construir paso a paso una fuerte legitimidad ante la sociedad, al grado que aparecían en las encuestas con un nivel de aceptación similar al de la iglesia católica. Verlos en la calle, al lado de la Policía, persiguiendo y golpeando a ciudadanos hondureños que se plantaron para rechazar el golpe de Estado, representa un retroceso grave por el cual pagarán su precio ante la historia y ante la sociedad.
E. LAS CONTRADICCIONES DEL CONGRESO NACIONAL
Lo ocurrido en el Congreso nacional durante el domingo 28 de junio pasará a la historia del país como un ejemplo de los extremos a los que puede conducir la combinación de intolerancia, manipulación del significado de la democracia, intereses personales, ideologización del conflicto político y rivalidades intrapartidarias. Lo más lamentable es la reproducción de los viejos métodos militares que combinaban mentiras sostenidas como verdades, silencio oficial ante la situación crítica, sometimiento de los medios de comunicación opuestos al golpe, desinformación, ausencia de información sobre lo que ocurre, intervención de teléfonos, detención de funcionarios, represión de manifestantes, interrupción del fluido eléctrico, intento de controlar la comunicación electrónica y auto proclamación como defensores de la nación. Lo anterior dio lugar a una serie de contradicciones en que incurrieron los diputados y allegados, reproducidas fielmente por los medios de comunicación, las cuales se resumen en lo siguiente:
1. La carta de renuncia del Presidente del Ejecutivo
La justificación del golpe de Estado fue la renuncia que supuestamente había firmado y sellado el presidente de la República el domingo 28 de junio, en la que indicaba que lo hacía por razones de salud y para preservar la paz de la nación. La carta presentaba fecha del jueves 25 de junio, fecha en que se había planificado el golpe de Estado como producto de las conversaciones entre el presidente del Congreso Nacional y el Jefe del Estado Mayor Conjunto y en la cual esperaban inhabilitar al Presidente de la República.
2. Sustitución versus derrocamiento
La argumentación central utilizada por los diputados del Congreso Nacional es que ante el vacío dejado por la renuncia del Presidente de la República, el Congreso Nacional se ve obligado a sustituirlo por el Presidente del Congreso, a quien le toca constitucionalmente la sucesión en el cargo. Sin embargo, ellos mismos y sus allegados han caído en contradicciones al repetir que el presidente ha sido derrocado, relevado de su cargo, inhabilitado o separado del mismo por incumplir órdenes judiciales. El Decreto Legislativo estableció improbar la actuación del Presidente de la República y separarlo de su cargo.
3. Espíritu de cuerpo versus intereses partidarios
El Congreso Nacional ha asumido posiciones bastante homogéneas ante el golpe de Estado. Ha aparecido como un poder del Estado confrontado con otro poder del Estado, sin distinciones partidarias entre liberales y nacionalistas, aunque a nivel individual cada uno apuesta a sus propios intereses, como la distribución de cargos públicos en los siete meses que faltan para que el Presidente Zelaya termine su período presidencial, y la distribución de cargos en el Congreso Nacional, una vez que inicie el próximo gobierno. Los nacionalistas apostaron al golpe confiando que esta crisis ahondaría las diferencias del partido Liberal y les haría perder las elecciones de noviembre. Los liberales apostaron al golpe pensando que el control del gobierno por siete meses les permitirá disponer de recursos públicos para financiar su campaña y ganar los comicios de noviembre.
4. De candidato perdedor a presidente defacto
La pérdida de las elecciones primarias de su partido ante su opositor Elvin Santos, no fue un obstáculo para incorporarlo como socio menor en el proceso de golpe de Estado, porque esa alianza lo fortalecía frente al Presidente quien lucía aislado de su partido. El resentimiento generado como resultado de sus frustradas aspiraciones presidenciales por la vía legal, se vio compensado ante la posibilidad de ser presidente por la vía ilegal, como producto de un golpe de Estado.
F. LAS DEBILIDADES GENERADORAS DE LA CRISIS
Es indudable que la crisis político-institucional que desembocó en el golpe de Estado del 28 de junio, tiene raíces en la estructura del sistema político y en sus debilidades para enfrentar adecuadamente los retos que supone la construcción de la democracia en nuestro país, entre las cuales podemos señalar las siguientes:
1. Politización partidaria de las instituciones
Todas las instituciones del Estado son políticas por naturaleza, pero imprimirle un sello partidario excluyente, subordinado e irrespetuoso, traspasa los límites de lo aceptable y se convierte en una debilidad que puede convertirse en una amenaza para el fortalecimiento democrático. La falta de independencia y la limitación de la autonomía para desempeñarse frente a la ciudadanía se convierte en una fuerte debilidad que ha aflorado en esta crisis con dimensiones tan grandes que deben motivar a una profunda reflexión.
2. Candidatura presidencial de los Presidentes del Poder Legislativo
En los últimos años se ha observado una creciente tendencia a la confrontación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, particularmente en los dos últimos años de gobierno, cuando comienzan a definirse los precandidatos y candidatos a la Presidencia de la República. Un factor explicativo clave es el lanzamiento de las candidaturas presidenciales de los presidentes del Congreso Nacional que lleva al parlamento a poner distancia ante el poder Ejecutivo e inclusive confrontarlo, para obtener una mayor aceptación popular o para comenzar a ejercer el poder antes de obtenerlo. En años pasados se realizó una reforma encaminada a impedir que este tipo de candidaturas se pudieran lanzar sin antes haber renunciado a su cargo, pero la misma politización de las instituciones, en particular del Sistema Judicial, ha hecho que los dos últimos presidentes de ese poder del Estado hayan lanzado sus candidaturas a pesar de la prohibición derivada de una reforma constitucional.
3. Incapacidad política para lograr acuerdos
De manera creciente se ha observado la incapacidad política para articular consensos y alcanzar acuerdos, característica que libró en el pasado a nuestro país de los enfrentamientos bélicos que se produjeron en otros países de Centroamérica. Esta tendencia ha llegado a su máxima expresión en la crisis que condujo al actual golpe de Estado, situación que pudo evitarse si hubiera existido voluntad política para ceder en las dos partes en conflicto, mayor disposición a la negociación y mejor preparación para la solución pacífica de los conflictos.
4. Recurrencia a poderes arbitrales
Una gran debilidad del sistema político hondureño, muy vinculada a la anterior, es la constante búsqueda de poderes arbitrales para solucionar los conflictos. La recurrencia a las Fuerzas Armadas es la actitud que lo ha caracterizado históricamente, aunque esta decisión ha terminado siempre, como ahora, en golpes de Estado, luego de otorgarles un protagonismo político que no les corresponde. Una nueva manifestación de esta tendencia se expresa en la recurrencia a las iglesias como factor mediador y arbitral, papel que tampoco les corresponde por la condición laica del Estado hondureño. En este proceso de polarización y posterior golpe de Estado, las iglesias hondureñas, tanto la católica como las evangélicas, no sólo fallaron en su papel mediador sino que se inclinaron por una de las fuerzas en conflicto, exacerbando los ánimos e intensificando la polarización. Esta tendencia es negativa porque le concede protagonismo político a dos instituciones que no deben tenerlo porque ocupan y deben ocupar espacios que no deben estar contaminados por la política.
5. Cultura de la intolerancia, el irrespeto y la confrontación
Una característica relativamente nueva del sistema político hondureño es la intolerancia a los que son y piensan diferente; el irrespeto al otro, incluidas las máximas autoridades de nuestro país; y la tendencia a convertir diálogos en confrontación. Esta situación se ha observado con mucha preocupación en la crisis actual tanto en el ámbito político como en el ámbito social. Llama la atención que la confrontación llegó al límite, provocada y estimulada por los medios de comunicación de la alianza opositora, impregnando a la sociedad de lo que hasta ahora ha sido una característica de los medios de comunicación en general: ofensas, lenguaje soez, gritos, invasión de la privacidad, agresión, acusaciones infundadas. Todo ello se vio en este proceso, lo que imposibilita más la búsqueda de consensos y la solución pacífica de los conflictos.
G. UN GOLPE AL PROCESO DEMOCRÁTICO
Si no fuera por el drama provocado por el golpe de Estado, la detención y expulsión del Presidente de la República, la represión de manifestantes, las violaciones a las garantías individuales y los controles a la libertad de expresión, provocaría hilaridad la forma en que los políticos hondureños definen la democracia, el orden democrático y el fortalecimiento institucional. Mantienen el viejo concepto ideologizado de democracia que colocaba a los militares como sus máximos defensores, consideran orden democrático al castigo impuesto al Presidente de un poder del Estado por atreverse a desafiar al Congreso Nacional y denominan fortalecimiento institucional a la rapidez con que nombran a su sustituto y a su nuevo gabinete. La situación se volvería más hilarante si los escuchamos razonando sobre porqué lo sucedido no puede definirse como un golpe de Estado: no lo es, dicen, porque siguen existiendo los tres poderes, no se ha roto el orden constitucional y no hay militares al frente de las instituciones del Estado.
Los políticos hondureños le han dado un fuerte golpe al proceso de construcción democrática que se ha venido gestando en los últimos 28 años, demostrando intolerancia, irrespeto a la independencia de poderes, autoritarismo, ignorancia de los cambios que se han producido en el contexto internacional, ambiciones desmedidas, subordinación a los grupos económicos y un profundo irrespeto al Estado de Derecho.
Las Fuerzas Armadas se volvieron cómplices del rompimiento del orden constitucional y le provocaron un profundo daño a su imagen institucional, sustituyendo su condición profesional, apolítica y no deliberante, por la condición peyorativa de gorilas con que se les conocía hasta la década de los ochenta. Se sumaron al juego de los protagonistas de la alianza político-económica y mediática, y se convirtieron en instrumento para que ellos lograran sus objetivos y se quedaran con la gloria, mientras la institución se quedaba con la ignominia.
Todas las personas, grupos y políticos tienen derecho a apoyar o rechazar sistemas ideológicos que caracterizan a los países de nuestro continente; a lo que no tienen derecho es a imponer su criterio particular como criterio general de la sociedad, a impedir que un presidente termine su mandato constitucional porque no comparten con él sus simpatías personales con otros presidentes y a impedir que la ciudadanía sea consultada sobre cualquier tema, incluyendo la elaboración de una nueva Constitución. Manifestarse sobre estos y otros temas, es también un derecho de todos, pero expresar públicamente nuestras preferencias y gritarlas con toda la fuerza que podamos, no nos hace superiores a los otros.
• Consultar a la ciudadanía no puede ser nunca un acto ilegal: cuando los integrantes de la alianza política-económica y mediática asuman el significado de esta frase, será un gran indicador de avance en cultura política democrática.
• Reconocer y respetar la coexistencia de personas, partidos y países que son o piensan diferentes, será un gran indicador de que las Fuerzas Armadas hondureñas superaron su condición primitiva y atrasada.
• Emitir una opinión no implica obligatoriamente estar a favor o en contra, cuando la sociedad hondureña asuma este criterio, será un gran indicador de su capacidad para debatir y proponer.
Tegucigalpa, Honduras, 29 de junio de 2009
HONDURAS.
POLÍTICOS, EMPRESARIOS Y MILITARES: PROTAGONISTAS DE UN GOLPE ANUNCIADO
Leticia Salomón
A. LOS HECHOS
1. LA DETENCIÓN Y EXPATRIACIÓN DEL PRESIDENTE
El domingo 28 de junio de 2009, un contingente de militares rodearon la residencia del Presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales (2006-2010), lo detuvieron, lo trasladaron a la Fuerza Aérea Hondureña y lo enviaron a Costa Rica, en un acto similar al que realizaban los militares en el pasado cuando querían deshacerse de los antiguos Jefes de las Fuerzas Armadas. El detonante principal fue la convocatoria a una encuesta de opinión a realizarse ese mismo día, promovida por el Presidente de la República, a través de la cual se le consultaría a la ciudadanía si deseaba que en las elecciones de noviembre se colocara una cuarta urna (las otras tres corresponden al Presidente, a los diputados y a los alcaldes) para votar por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en el 2010, cuyo fin primordial sería la elaboración de una nueva Constitución de la República.
2. EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL GOLPE DE ESTADO
El golpe de Estado se venía gestando desde varios días atrás, alimentado por una confrontación creciente entre los tres poderes del Estado, específicamente entre los poderes Legislativo y Judicial contra el Poder Ejecutivo. Una de las manifestaciones más evidentes fue el desconocimiento por dos poderes del Estado, de la decisión del Presidente de la República de destituir al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, por negarse a cumplir una orden del Ejecutivo, facultad establecida en la propia Constitución de la República que se enmarca dentro de la subordinación jerárquica de las Fuerzas Armadas al poder legítimamente constituido. La restitución del mencionado General en su cargo en una operación relámpago por parte de la Corte Suprema de Justicia y similar acción por parte del Congreso Nacional, que llegó al extremo de declarar héroe nacional al militar, constituyó un atentado a la independencia de poderes y llevó al límite la negativa de ambos poderes a realizar una consulta ciudadana.
La decisión de consumar el golpe de Estado se tomó el jueves 25 de junio cuando el mismo Presidente del Congreso pidió al pleno declarar deshabilitado al Presidente de la República para continuar desempeñando su cargo, y procedió a constituir una Comisión de Dictamen cuya resolución no se produjo con la celeridad que se esperaba, lo que unido a la cautela del Embajador de los Estados Unidos para apoyar la inhabilitación, impidió que el golpe de Estado se consumara ese mismo día.
3. EL DESENCADENANTE
La Constitución vigente en Honduras data de 1982 y en ella no se contemplan los mecanismos para revisarla y crear una nueva. Los constituyentes de la época, conscientes de las debilidades de los partidos políticos tradicionales, establecieron un conjunto de artículos denominados “pétreos” y una advertencia encaminada a considerar como delito cualquier intento de reformarla. La iniciativa del Presidente Zelaya de impulsar una consulta/encuesta ciudadana para preguntarle a la ciudadanía si quería que se colocara una cuarta urna en las elecciones generales de 2009, para decidir sobre la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que se encargaría de reformar la constitución, recibió una reacción adversa de la clase política que recordaba constantemente que en el pasado autoritario esa propuesta llevaba implícita un golpe de Estado y, derivado de ello, el empeño continuista del Presidente de la República. A partir de ese momento, todo intento del Presidente para realizar la consulta chocaba con la oposición del Poder Legislativo, primero, y del Poder Judicial, después. Ambos intensificaban su oposición emitiendo constantes y veloces fallos de ilegalidad a las iniciativas del poder Ejecutivo, relacionadas con la cuarta urna, ya sea en la fase de consulta o en la fase de encuesta.
B. LA ALIANZA POLÍTICO-ECONÓMICA-MEDIÁTICA
Lo anterior permitió la confluencia de intereses diversos:
1. intereses político-partidarios, que aglutinaron a seguidores del Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, candidato perdedor en las elecciones primarias del partido Liberal, con un fuerte resentimiento con el presidente del Poder Ejecutivo por no haberle dado el apoyo suficiente para asegurar su triunfo; militantes del partido Nacional, que vieron la iniciativa del Presidente Zelaya como una amenaza al triunfo del candidato de su Partido, Porfirio “Pepe” Lobo; diputados de dos de los tres partidos pequeños, Pinu y Democracia Cristiana, que se posicionaron al lado del presidente del Congreso Nacional en la confrontación de poderes del Estado (la excepción la constituyó el partido Unificación Democrática de tendencia izquierdista y con muy poca representación en el parlamento).
2. Intereses político-institucionales, en torno a los que se agruparon las siguientes instituciones: a) Corte Suprema de Justicia, de cuyos miembros ocho son del partido Liberal, incluido su presidente, y siete son del partido Nacional. Todos ellos fueron nombrados por el Congreso Nacional a propuesta de una Junta Nominadora, pero todos guardan un alto nivel de subordinación hacia el partido que votó por ellos y, en el caso del Presidente (de la Corte Suprema) mantiene una relación de dependencia directa con respecto al Presidente del Congreso Nacional b) Ministerio Público, dirigido por el Fiscal General, perteneciente al partido Liberal, y el Fiscal General Adjunto, del partido Nacional, ambos nombrados recientemente por el Congreso Nacional luego de fuertes negociaciones entre las bancadas en las que el presidente Micheletti jugó un papel activo c) Procuraduría General de la República, liberal nombrada por el Congreso Nacional y con fuerte dependencia de su partido d) Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, reelecto por el Congreso Nacional luego de intensas negociaciones con el partido Liberal y e) Tribunal Supremo Electoral, organismo altamente partidizado cuyo presidente pertenece al partido Liberal y mantiene vínculos directos con el presidente del Congreso.
3. Intereses económicos, que juntaron a dirigentes empresariales de las organizaciones gremiales, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y Asociación Nacional de Industriales (ANDI), que estaban disgustados con la decisión presidencial de aumentar unilateralmente el salario mínimo en diciembre anterior, a pesar de la negativa empresarial a aumentarlo.
4. Intereses mediáticos, que hicieron confluir a los principales dueños de medios de comunicación a) Rafael Ferrari, del Partido Liberal, dueño de canales de televisión 3, 5 y 7, y de una cadena de radio y varias radios menores, b) Carlos Flores, también del Partido Liberal, ex presidente de Honduras y dueño de Diario La Tribuna, de mucha influencia en la zona central del país y padre de la Vicepresidenta del Congreso Nacional a quien colocó por su amistad con Roberto Micheletti, entonces Presidente del Congreso Nacional, con una relación de dependencia hacia el ex presidente; c) Jorge Cañahuatti, del Partido Nacional, dueño de los diarios El Heraldo y La Prensa, con fuerte influencia en la zona central el primero y nacional el segundo, confrontado con el gobierno desde el inicio, por cuestiones partidarias y por quedar excluido de los contratos del gobierno. Desde dos años atrás el presidente comenzó a señalar a los "poderes fácticos" que lo presionaban para conseguir beneficios económicos, dentro de los cuales se encontraban los empresarios de medios de comunicación y otras actividades económicas, que se han señalado.
C. LOS ARGUMENTOS SEÑALADOS
1. El presidente quería imponer la democracia participativa
La clase política del país, representada en el Congreso Nacional a través de los partidos actualmente constituidos, ha manifestado una resistencia creciente a aceptar nuevas formas de democracia, como la participativa, argumentando que la democracia representativa es la única forma de ejercicio de la democracia y que los diputados al Congreso Nacional son los únicos facultados para opinar sobre los asuntos públicos. La idea de consultar a la ciudadanía para opinar sobre un asunto de trascendencia nacional, como la creación de una nueva Constitución adaptada a los cambios que ha experimentado el contexto nacional e internacional luego de 28 años de haber sido emitida, alteró la calma legislativa y sus diputados comenzaron a argumentar que la Constitución de la República no se podía cambiar porque los constituyentes que emitieron la Constitución de 1982, actualmente vigente, decidieron que habían artículos pétreos que hacían imposible que la Constitución fuera reformada.
2. El Presidente desobedeció las órdenes judiciales
La insistencia del Presidente de la República de continuar adelante con la idea de la cuarta urna, pese a la oposición del Poder Legislativo, secundada por el Poder Judicial, llevó al límite la confrontación entre los poderes del Estado y todos ellos terminaron con argumentaciones y contra argumentaciones jurídicas que evidenciaron la politización partidaria del Poder Judicial que se posicionó al lado del Poder Legislativo en el conflicto entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. De esta manera, lo que pudo haber sido un conflicto exclusivamente jurídico, que debía resolverse en los tribunales de Justicia, se convirtió en un problema esencialmente político que se manejó públicamente como problema jurídico, aunque privadamente, a través de negociaciones entre el Poder Ejecutivo y la alianza político-económica-mediática, se manejó como un problema político.
3. El Presidente pretendía continuar en el poder
El argumento del continuismo comenzó a ser utilizado por el Congreso Nacional, secundado por los dueños de medios de comunicación, la empresa privada, sectores conservadores, personas y grupos interesados, y militares retirados que comenzaron a plantar la idea de que el presidente quería continuar en el poder, a pesar de su reiterada afirmación de que él estaría en el gobierno hasta el último día de su mandato y que la Asamblea Nacional Constituyente sería tarea del nuevo gobierno que iniciaría en el 2010. En esta percepción pudieron influir declaraciones iniciales contradictorias por parte de funcionarios allegados al Presidente de la República, que pudieron contribuir a confundir a los sectores en confrontación sobre este tema, aunque el mismo adquirió su propia dinámica y comenzó a repetirse una u otra vez por parte de todos los componentes de la alianza política-económica-mediática, hasta lograr un alto nivel de manipulación y desinformación.
4. El presidente quería instaurar el comunismo en el país
La cercanía del Presidente Zelaya con los países integrantes de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) y Petrocaribe, le creó una imagen de centro izquierda que incomodó a empresarios y políticos que comenzaron a asociar todas las decisiones gubernamentales con acciones encaminadas a instaurar el comunismo en el país, situación que fue hábilmente manipulada por los medios de comunicación y repetida insistentemente por los militares retirados que adquirieron un protagonismo creado y estimulado por las fuerzas opositoras al gobierno. La cercanía a los países de la ALBA, en particular, Venezuela, Nicaragua y Cuba, les llevó a estigmatizar a gobierno y ciudadanos de estos países, y a considerar que la presencia de sus diplomáticos en el país constituía una amenaza para la democracia.
5. El Presidente ha incumplido sus funciones
El tema de la cuarta urna desplazó a todos los otros temas de la agenda nacional, acaparando la atención de legisladores, funcionarios y medios de comunicación, al extremo que medios de comunicación de la alianza político-económica-mediática dedicaban espacios casi completos a cuestionar el tema y, por supuesto, el gobierno utilizaba el canal del Estado y un par de canales más, para defender su posición en torno a la cuarta urna. La alianza opositora continuó cuestionando la insistencia presidencial en mantener el tema y decidieron cuestionarlo por la falta de atención, que según ellos, le restaba a la fiebre AH1N1, inundaciones y terremotos.
D. EL PAPEL DE LOS MILITARES
Conforme avanzaba la confrontación entre poderes del Estado, en una evidente crisis de ingobernabilidad política, la alianza opositora comenzó a acercarse al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, y a la Junta de Comandantes, para pedirles que no obedecieran las órdenes del presidente de la República, de repartir las cajas para la encuesta de opinión en todo el país. A la vez que negociaba con la cúpula militar en privado, colocaba en la agenda pública a militares retirados, protagonistas de la década de los ochenta, formados en plena guerra fría, reafirmando posiciones anticomunistas, incitando a la desobediencia y haciendo llamados a la insubordinación de los militares activos. La crisis permitió que personajes sumados en el anonimato adquirieran visibilidad y se convirtieran en referentes notables para los medios de comunicación de la alianza opositora, militarizando la agenda de los medios y polarizando la sociedad en dos grupos fuertemente enfrentados, los que estaban a favor y los que estaban en contra. La destitución del Jefe del Estado Mayor y la renuncia del Secretario de Defensa, Edmundo Orellana, fue una consecuencia lógica de la presión político-jurídica a que se vieron enfrentados los militares durante varios días de confrontación.
Hasta ese momento las Fuerzas Armadas aparecían como víctimas de la polarización civil en el plano político. A partir de ahí y luego de la restitución político-judicial del General en su cargo, y después de su reconocimiento público en el Congreso Nacional como “héroe nacional”, por haberle desobedecido al Presidente de la República, el militar comenzó a participar en marchas y protestas callejeras, y a dar entrevistas para los medios opositores, definiéndose claramente del lado de la alianza político-económica-mediática. La Junta de Comandantes, constituida por los Jefes de las tres fuerzas y el Inspector General, además del propio Jefe del Estado Mayor Conjunto, decidió involucrarse en la confrontación tomando partido por la alianza opositora y ejecutando el golpe de Estado de la mañana de 28 de junio. Muchos años de profesionalización y creciente subordinación militar a los gobiernos legítimamente constituidos fueron echados por la borda por los Comandantes militares que prefirieron anteponer sus intereses y rencores particulares, y sucumbir ante el poder económico y político, cometiendo uno de los errores más grandes que marcarán negativamente a su institución. En estos 28 años de construcción democrática, las Fuerzas Armadas lograron construir paso a paso una fuerte legitimidad ante la sociedad, al grado que aparecían en las encuestas con un nivel de aceptación similar al de la iglesia católica. Verlos en la calle, al lado de la Policía, persiguiendo y golpeando a ciudadanos hondureños que se plantaron para rechazar el golpe de Estado, representa un retroceso grave por el cual pagarán su precio ante la historia y ante la sociedad.
E. LAS CONTRADICCIONES DEL CONGRESO NACIONAL
Lo ocurrido en el Congreso nacional durante el domingo 28 de junio pasará a la historia del país como un ejemplo de los extremos a los que puede conducir la combinación de intolerancia, manipulación del significado de la democracia, intereses personales, ideologización del conflicto político y rivalidades intrapartidarias. Lo más lamentable es la reproducción de los viejos métodos militares que combinaban mentiras sostenidas como verdades, silencio oficial ante la situación crítica, sometimiento de los medios de comunicación opuestos al golpe, desinformación, ausencia de información sobre lo que ocurre, intervención de teléfonos, detención de funcionarios, represión de manifestantes, interrupción del fluido eléctrico, intento de controlar la comunicación electrónica y auto proclamación como defensores de la nación. Lo anterior dio lugar a una serie de contradicciones en que incurrieron los diputados y allegados, reproducidas fielmente por los medios de comunicación, las cuales se resumen en lo siguiente:
1. La carta de renuncia del Presidente del Ejecutivo
La justificación del golpe de Estado fue la renuncia que supuestamente había firmado y sellado el presidente de la República el domingo 28 de junio, en la que indicaba que lo hacía por razones de salud y para preservar la paz de la nación. La carta presentaba fecha del jueves 25 de junio, fecha en que se había planificado el golpe de Estado como producto de las conversaciones entre el presidente del Congreso Nacional y el Jefe del Estado Mayor Conjunto y en la cual esperaban inhabilitar al Presidente de la República.
2. Sustitución versus derrocamiento
La argumentación central utilizada por los diputados del Congreso Nacional es que ante el vacío dejado por la renuncia del Presidente de la República, el Congreso Nacional se ve obligado a sustituirlo por el Presidente del Congreso, a quien le toca constitucionalmente la sucesión en el cargo. Sin embargo, ellos mismos y sus allegados han caído en contradicciones al repetir que el presidente ha sido derrocado, relevado de su cargo, inhabilitado o separado del mismo por incumplir órdenes judiciales. El Decreto Legislativo estableció improbar la actuación del Presidente de la República y separarlo de su cargo.
3. Espíritu de cuerpo versus intereses partidarios
El Congreso Nacional ha asumido posiciones bastante homogéneas ante el golpe de Estado. Ha aparecido como un poder del Estado confrontado con otro poder del Estado, sin distinciones partidarias entre liberales y nacionalistas, aunque a nivel individual cada uno apuesta a sus propios intereses, como la distribución de cargos públicos en los siete meses que faltan para que el Presidente Zelaya termine su período presidencial, y la distribución de cargos en el Congreso Nacional, una vez que inicie el próximo gobierno. Los nacionalistas apostaron al golpe confiando que esta crisis ahondaría las diferencias del partido Liberal y les haría perder las elecciones de noviembre. Los liberales apostaron al golpe pensando que el control del gobierno por siete meses les permitirá disponer de recursos públicos para financiar su campaña y ganar los comicios de noviembre.
4. De candidato perdedor a presidente defacto
La pérdida de las elecciones primarias de su partido ante su opositor Elvin Santos, no fue un obstáculo para incorporarlo como socio menor en el proceso de golpe de Estado, porque esa alianza lo fortalecía frente al Presidente quien lucía aislado de su partido. El resentimiento generado como resultado de sus frustradas aspiraciones presidenciales por la vía legal, se vio compensado ante la posibilidad de ser presidente por la vía ilegal, como producto de un golpe de Estado.
F. LAS DEBILIDADES GENERADORAS DE LA CRISIS
Es indudable que la crisis político-institucional que desembocó en el golpe de Estado del 28 de junio, tiene raíces en la estructura del sistema político y en sus debilidades para enfrentar adecuadamente los retos que supone la construcción de la democracia en nuestro país, entre las cuales podemos señalar las siguientes:
1. Politización partidaria de las instituciones
Todas las instituciones del Estado son políticas por naturaleza, pero imprimirle un sello partidario excluyente, subordinado e irrespetuoso, traspasa los límites de lo aceptable y se convierte en una debilidad que puede convertirse en una amenaza para el fortalecimiento democrático. La falta de independencia y la limitación de la autonomía para desempeñarse frente a la ciudadanía se convierte en una fuerte debilidad que ha aflorado en esta crisis con dimensiones tan grandes que deben motivar a una profunda reflexión.
2. Candidatura presidencial de los Presidentes del Poder Legislativo
En los últimos años se ha observado una creciente tendencia a la confrontación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, particularmente en los dos últimos años de gobierno, cuando comienzan a definirse los precandidatos y candidatos a la Presidencia de la República. Un factor explicativo clave es el lanzamiento de las candidaturas presidenciales de los presidentes del Congreso Nacional que lleva al parlamento a poner distancia ante el poder Ejecutivo e inclusive confrontarlo, para obtener una mayor aceptación popular o para comenzar a ejercer el poder antes de obtenerlo. En años pasados se realizó una reforma encaminada a impedir que este tipo de candidaturas se pudieran lanzar sin antes haber renunciado a su cargo, pero la misma politización de las instituciones, en particular del Sistema Judicial, ha hecho que los dos últimos presidentes de ese poder del Estado hayan lanzado sus candidaturas a pesar de la prohibición derivada de una reforma constitucional.
3. Incapacidad política para lograr acuerdos
De manera creciente se ha observado la incapacidad política para articular consensos y alcanzar acuerdos, característica que libró en el pasado a nuestro país de los enfrentamientos bélicos que se produjeron en otros países de Centroamérica. Esta tendencia ha llegado a su máxima expresión en la crisis que condujo al actual golpe de Estado, situación que pudo evitarse si hubiera existido voluntad política para ceder en las dos partes en conflicto, mayor disposición a la negociación y mejor preparación para la solución pacífica de los conflictos.
4. Recurrencia a poderes arbitrales
Una gran debilidad del sistema político hondureño, muy vinculada a la anterior, es la constante búsqueda de poderes arbitrales para solucionar los conflictos. La recurrencia a las Fuerzas Armadas es la actitud que lo ha caracterizado históricamente, aunque esta decisión ha terminado siempre, como ahora, en golpes de Estado, luego de otorgarles un protagonismo político que no les corresponde. Una nueva manifestación de esta tendencia se expresa en la recurrencia a las iglesias como factor mediador y arbitral, papel que tampoco les corresponde por la condición laica del Estado hondureño. En este proceso de polarización y posterior golpe de Estado, las iglesias hondureñas, tanto la católica como las evangélicas, no sólo fallaron en su papel mediador sino que se inclinaron por una de las fuerzas en conflicto, exacerbando los ánimos e intensificando la polarización. Esta tendencia es negativa porque le concede protagonismo político a dos instituciones que no deben tenerlo porque ocupan y deben ocupar espacios que no deben estar contaminados por la política.
5. Cultura de la intolerancia, el irrespeto y la confrontación
Una característica relativamente nueva del sistema político hondureño es la intolerancia a los que son y piensan diferente; el irrespeto al otro, incluidas las máximas autoridades de nuestro país; y la tendencia a convertir diálogos en confrontación. Esta situación se ha observado con mucha preocupación en la crisis actual tanto en el ámbito político como en el ámbito social. Llama la atención que la confrontación llegó al límite, provocada y estimulada por los medios de comunicación de la alianza opositora, impregnando a la sociedad de lo que hasta ahora ha sido una característica de los medios de comunicación en general: ofensas, lenguaje soez, gritos, invasión de la privacidad, agresión, acusaciones infundadas. Todo ello se vio en este proceso, lo que imposibilita más la búsqueda de consensos y la solución pacífica de los conflictos.
G. UN GOLPE AL PROCESO DEMOCRÁTICO
Si no fuera por el drama provocado por el golpe de Estado, la detención y expulsión del Presidente de la República, la represión de manifestantes, las violaciones a las garantías individuales y los controles a la libertad de expresión, provocaría hilaridad la forma en que los políticos hondureños definen la democracia, el orden democrático y el fortalecimiento institucional. Mantienen el viejo concepto ideologizado de democracia que colocaba a los militares como sus máximos defensores, consideran orden democrático al castigo impuesto al Presidente de un poder del Estado por atreverse a desafiar al Congreso Nacional y denominan fortalecimiento institucional a la rapidez con que nombran a su sustituto y a su nuevo gabinete. La situación se volvería más hilarante si los escuchamos razonando sobre porqué lo sucedido no puede definirse como un golpe de Estado: no lo es, dicen, porque siguen existiendo los tres poderes, no se ha roto el orden constitucional y no hay militares al frente de las instituciones del Estado.
Los políticos hondureños le han dado un fuerte golpe al proceso de construcción democrática que se ha venido gestando en los últimos 28 años, demostrando intolerancia, irrespeto a la independencia de poderes, autoritarismo, ignorancia de los cambios que se han producido en el contexto internacional, ambiciones desmedidas, subordinación a los grupos económicos y un profundo irrespeto al Estado de Derecho.
Las Fuerzas Armadas se volvieron cómplices del rompimiento del orden constitucional y le provocaron un profundo daño a su imagen institucional, sustituyendo su condición profesional, apolítica y no deliberante, por la condición peyorativa de gorilas con que se les conocía hasta la década de los ochenta. Se sumaron al juego de los protagonistas de la alianza político-económica y mediática, y se convirtieron en instrumento para que ellos lograran sus objetivos y se quedaran con la gloria, mientras la institución se quedaba con la ignominia.
Todas las personas, grupos y políticos tienen derecho a apoyar o rechazar sistemas ideológicos que caracterizan a los países de nuestro continente; a lo que no tienen derecho es a imponer su criterio particular como criterio general de la sociedad, a impedir que un presidente termine su mandato constitucional porque no comparten con él sus simpatías personales con otros presidentes y a impedir que la ciudadanía sea consultada sobre cualquier tema, incluyendo la elaboración de una nueva Constitución. Manifestarse sobre estos y otros temas, es también un derecho de todos, pero expresar públicamente nuestras preferencias y gritarlas con toda la fuerza que podamos, no nos hace superiores a los otros.
• Consultar a la ciudadanía no puede ser nunca un acto ilegal: cuando los integrantes de la alianza política-económica y mediática asuman el significado de esta frase, será un gran indicador de avance en cultura política democrática.
• Reconocer y respetar la coexistencia de personas, partidos y países que son o piensan diferentes, será un gran indicador de que las Fuerzas Armadas hondureñas superaron su condición primitiva y atrasada.
• Emitir una opinión no implica obligatoriamente estar a favor o en contra, cuando la sociedad hondureña asuma este criterio, será un gran indicador de su capacidad para debatir y proponer.
Tegucigalpa, Honduras, 29 de junio de 2009
Dienstag, 19. August 2008
Hintergrundpapier zu El Salvador, Sommer 2008
EL SALVADOR
WAHLBEOBACHTUNGS-DELEGATION 2009
Grundlagendokument
Dieses erste Info-Dokument will allen, die sich für die Wahlbeobachtung 2009 in El Salvador interessieren, einen Überblick über das Land geben. Vier Punkte werden beleuchtet: die Friedensabkommen von 1992 und ihre (Nicht-) Umsetzung, die sozioökonomische Nachkriegsentwicklung, die Wahlgeschichte ab 1992 und die aktuellen Perspektiven für die kommenden Wahlen 2009 sowie bekannte Mechanismen des Wahlbetrugs.
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1932 kam es in El Salvador zu einem der schlimmsten Massaker an Indígenas in der ganzen Geschichte des Kontinents. Etwa 30'000 Menschen wurden innert weniger Tage im Westen des Landes von der Armee ermordet - Antwort auf einen Aufstand für Land, der auch von der jungen Kommunistischen Partei unter Führung von Farabundo Martí unterstützt worden war. Jahrzehnte einer fast ununterbrochenen Militärdiktatur folgten. In den 70er Jahren entstanden fünf linke Guerillagruppen, als Antwort auf Wahlbetrug und Repression. Zu Beginn des 1980 offen ausbrechenden Krieges schlossen sie sich zur Nationalen Befreiungsfront Farabundo Martí, FMLN, zusammen. Die US-Administration war nicht gewillt, ein zweites Nicaragua hinzunehmen, US-Präsident Ronald Reagan wollte in El Salvador „to draw the line“. Die US-Militärhilfe stieg bis zu $700 Millionen im Jahr, was das winzige Land (21'000 km2) zum drittgrössten Empfänger der US-Aufrüstung machte. Offiziell sind bis zum Friedensabkommen etwa 75'000 Menschen dem Krieg und der Repression zum Opfer gefallen. Dennoch hatte sich der FMLN zur damals stärksten Guerillabewegung des Kontinentes entwickelt. Schon früh hatte die franko-mexikanische Anerkennung des FMLN als kriegsführende Partei die Türen für eine Verhandlungslösung geöffnet, doch die US-Administration von Reagan/Bush und die salvadorianische Diktatur sperrten sich systematisch dagegen. Es brauchte die grosse Guerilla-Offensive vom November 1989 mitten in der Hauptstadt, um die Einsicht reifen zu lassen, dass ein militärischer Sieg über die Guerilla praktisch unmöglich war. Nach zwei Jahren kam es unter Ägide der UNO anfangs 1992 zu einem Friedensabkommen.
I. Zur Umsetzung der Friedensabkommen von 1992
Das von der UNO zum Modell für Friedenslösungen in Bürgerkriegssituationen erklärte Abkommen sah im Kern die schrittweise Entwaffnung der Guerilla und ihre Umwandlung in eine politische Partei im Gegenzug zu einer Reihe von Reformen vor. Diese beinhalteten insbesondere folgende Punkte:
- drastische Restrukturierung und Verkleinerung der Streitkräfte und Beendigung ihrer Zuständigkeit für die Innere Sicherheit
- Schaffung einer neuen Zivilen Nationalpolizei (PNC, Policía Nacional Civil), paritätisch aus Beständen der Guerilla, der alten Polizei und von unabhängigen ZivilistInnen gebildet
- politische Reformen (Menschenrechtsombudsstelle, Wahlreformen, Organisationsfreiheit etc.)
- Ansätze zu einer Landreform und Schaffung eines tripartiten Konzertationsforums (Regierung, Unternehmer und Gewerkschaften) zwecks Abstimmung der Wirtschafts- und Sozialpolitik.
Die UNO hat die Umsetzung der Friedensabkommen längst als im Wesentlichen abgeschlossen bezeichnet. Doch diese Bewertung entspringt politischen Interessen, nicht der Realität. Grundsätzlich ist nur die Guerilla mit ihrer binnen eines Jahres definitiv vollzogenen Demobilisierung ihren Verpflichtungen aus den Friedensabkommen nachgekommen. Nicht so die Regierung, die bis heute einzig die im engeren Sinne politischen Reformen einigermassen abkommensgerecht umgesetzt hat. Dazu gehören die Reformen der Verfassung, des Wahlrechts, des Strafgesetzes, die Schaffung der staatlichen, aber regierungsunabhängigen Ombudsstelle für Menschenrechte (Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PPDH) und natürlich die Legalisierung des FMLN als politische Partei. Konkret bewirkten all diese Veränderungen eine Verringerung des politischen Autoritarismus, des generellen Angstklimas, eine Zunahme der Inanspruchnahme der Versammlungs- und Meinungsäusserungsfreiheit.
Remilitarisierung, „soziale Säuberung“, Politmorde
Die Armee wurde auf 30'000 Mann halbiert. Ihre berüchtigten, von den USA ausgebildeten Eliteeinheiten und das paramilitärische Spitzelwesen wurden offiziell vollständig aufgelöst. Aufgrund der Berichte der im Friedensvertrag vorgesehenen Wahrheitskommission und der mit der Untersuchung von Menschenrechtsverbrechen durch führende Armeekader beauftragten Ad-Hoc-Kommision musste die bisherige Militärführung Mitte 1993 zurücktreten. Allerdings rückten Feldoffiziere nach, die ebenfalls in die Greueltaten der Streitkräfte involviert waren. Die 1993 veröffentlichten Ergebnisse der Wahrheitskommission waren für Armee- und Politführung des Landes niederschmetternd. Ein darauffolgendes totales Amnestiegesetz „neutralisierte“ die Schlussfolgerungen dieses Berichtes. Dieses ist bis heute in Kraft.
Eine neue, „professionelle“ Militärdoktrin sollte die Wiederholung der Verbrechen unmöglich machen; insbesondere würde die Armee nicht mehr mit der Wahrung der „inneren Sicherheit“ befasst sein. Doch schon 1993 rekurrierte der damalige Staatspräsident Alfredo Cristiani auf einen Notstandsparagraphen und setzte die Armee „befristet“ zum Schutz der Kaffeeernte gegen Raubüberfälle ein. Trotz Friedensabkommen gehören Aufgaben dieser Art längst zum Alltag der Streitkräfte.
Die militarisierten und total diskreditierten Polizeikräfte wurden aufgelöst und durch eine neue Zivile Nationalpolizei (Policia Nacional Civil, PNC) ersetzt. Faktisch blieb die oberste Führung in den gleichen Händen. Der zu Beginn hoffnungsvolle Aufbau der PNC ist gescheitert: die Polizei ist weiterhin ein Repressionsinstrument im Interesse der Regierungselite. Seit Jahren belegen Untersuchungen der Ombudsstelle für Menschenrechte oder der Menschenrechtsorganisation Tutela Legal der Erzdiözese die systematische Verwicklung von PNC-Strukturen in Todesschwadronen der ‚sozialen Säuberung’. Opfer: SexarbeiterInnen, Homosexuelle, Strassenkinder, reale oder angebliche Mitglieder der Strassengangs (Maras). Kurz nach Kriegsende kam es nach der Ermordung mehrerer FMLN-Kadern und unter internationalem Druck zur Untersuchung von ‚kriminellen Todesschwadronen mit politischer Zielsetzung’ durch den sogenannten Grupo Conjunto, dessen bemerkenswerte Ergebnisse aber in der Folge ignoriert wurden.
Der bekannte Anwalt David Morales von der Menschenrechtsorganisation FESPAD betonte nach der mutmasslich politisch inspirierten Ermordung eines studentischen FMLN-Aktivisten am 26. Juni 2008 und der Ermordung eines Angestellten der FMLN-Gemeindeverwaltung in der Vorortsstadt Ilopango und seines Sohnes am 3. Juli 2008, „dass in diesem Land ein Muster der Ermordung von politischen Oppositionellen und sozial-kommunalen AktivistInnen“ unter dem Deckmantel der Strassenkriminalität existiert. „Die Jahresberichte der Tutela Legal von der Erzdiözese zeigen uns, dass diese Tendenz der politischen Gewalt nach dem bewaffneten Konflikt nie verschwunden ist, dass sich solche Verbrechen Jahr für Jahr wiederholen, zusammen mit einem anderen Typus von Verbrechen, der mit dem Wahn der sozialen Säuberung zu tun hat“.
Im Juli letzten Jahres wurden in Polizeihelikoptern abtransportierte gefangene DemonstrantInnen gegen die Wasserprivatisierung damit bedroht, während des Fluges aus den offenen Türen herausgeworfen zu werden. Die 14 Gefangenen, darunter Mitglieder einer bekannten Basis-NGO und einer Gemeinderegierung des FMLN, wurden von der Regierung unter einem drakonischen, gerade erst auf Drängen der US-Botschaft verabschiedeten ‚Anti-Terrorismusgesetzes’ angeklagt. Dies für die Teilnahme an einer Demo wohlverstanden, deren militantester Ausdruck in einer friedlichen Strassensperre bestand. Grossmobilisierungen und internationaler Druck erreichten nach einigen Wochen erst die Freilassung der Gefangenen und ein halbes Jahr später die Einstellung der völlig überrissenen Anklage. Bis zu 65 Jahre Gefängnis für Teilnahme an einer Demo für das Recht auf Wasser – das schien dann doch etwas gar wenig mit der Bekämpfung von Al Kaida zu tun zu haben. Doch die Entwicklung in diesem Fall führte zur Verabschiedung von weiteren StGB-Reformen, welche das Sonderrecht gegen die Organisierte Kriminalität (gemeint sind faktisch die Strassenbanden) ins normale Recht übernehmen und damit praktisch die letzten nach Kriegsende durchgeführten Reformen auf diesem Gebiet rückgängig machen.
Zusammenfassend muss man sagen, dass vielleicht nur die Jahre 92-93 eine Ahnung davon vermitteln konnten, was eine an Respekt der Menschenrechte orientierte Politik in einem Land wie in El Salvador bedeuten könnte. Die Armee war von der Strasse verschwunden, die Polizeikräfte betont rechtsstaatlich, ohne die sonst übliche Arroganz der Macht – ein flüchtiger Duft von Freiheit. Zu betonen ist die Rolle der USA im Bereich der neuen Sicherheitskräfte. Die in den Abkommen vorgesehene Entmilitarisierung unterlief das Pentagon ab 1993 mit seinen zusammen mit der salvadorianischen Armee durchgeführten „Manövern“, die angeblich der „medizinischen Versorgung“ der Landbevölkerung oder dem Schulbau dienen sollten. Von Anfang penetrierte so die „neue“ Armee das soziale Territorium. Die „humanitären“ Zielsetzungen sind längst ausgeweitet auf Berreiche wie Strassenbanden, Drogenhandel oder Migration. Heute gehören Armeepatrouillen, begleitet von einem Mitglied der Polizei, zum Standardinstrumentarium im sogenannten Krieg gegen die Maras (Strassenbanden). Was die Polizei betrifft, so kam die damalige UNO-Mission Onusal mehrmals in Clinch mit den USA. Denn die US-Polizeibehörden FBI und DEA hatten versucht, besonders berüchtigte Spezialeinheiten der alten Polizeikräfte in corpore in die PNC überzuführen.
II. Die sozioökonomische Nachkriegsentwicklung:
„Globalisierung“ und Zerstörung
Die Regierung ignorierte die ohnehin beschränkten sozioökonomischen Teilabkommen der Friedensverträge. Nur einige direkt mit der Eingliederung der ehemaligen Guerillas ins Zivilleben zusammenhängende Massnahmen wurden umgesetzt. Das „Konzertierungsforum“ (tripartiter Sozialdialog) blieb eben so toter Buchstabe wie der Ansatz für eine allgemeine Landreform. Das Kriegsende ermöglichte den aus der Agrarbourgeoisie heraus entstandenen Finanz- und Handelskapitalgruppen, mit neuem Elan an die Umsetzung einer Politik à la Washington Consensus zu gehen.
Privatisierung
Kaum schwiegen die Waffen, ging es an die von IWF und Weltbank gesponserte Privatisierung der Finanzinstitute. Die während des Krieges „verstaatlichten“ Banken hatten den Eliten Grosskredite gegeben, welche diese routinemässig nicht zurückzahlten. Die Banken gerieten in eine Krise. Solcher „staatlichen Misswirtschaft“ sollte nun die Privatisierung beikommen, dergestalt nämlich, dass der Staat einigen der besagten Grosskreditnehmern neue Kredite zur Verfügung stellte, und zwar für den Erwerb der Banken. Gleichzeitig „erwarb“ er die ausstehenden Kredite, schrieb sie ab und zahlte dafür den neuen Privateigentümern (und alten Schuldnern) der Banken einen Zinssatz, der beträchtlich über jenem lag, den diese dem Staat für ihre Kredite für den Erwerb der Banken bezahlen mussten. Anders gesagt, die neuen Eigentümer – wie der damalige Staatspräsident Cristiani – zahlten real nicht einen Centavo für den Erwerb der Banken. Dieses Geschäftsmodell zeitigte nachhaltige Auswirkungen auf die Kreditpolitik der Banken: Produktive Kredite wurden jährlich spärlicher, insbesondere für die Landwirtschaft und die KMU, dafür wuchsen die Volumina von Konsum- und Importkrediten explosiv an. In den letzten 20 Jahren ging laut Angaben des AgrarproduzentInnenzusammenschlusses „Coordinadora Nacional Agropecuaria“ die Maisanbaufläche auf die Hälfte zurück.
Weitere lukrative Staatbereiche wie die Telekom, die Stromwirtschaft oder das Rentensystem wurden in den 90er Jahren privatisiert, bei vorgängiger Zerschlagung der jeweiligen Gewerkschaft. In einer zweiten Generation von Privatisierungen stehen Gesundheitssystem, Wasser, Erziehungswesen und Hafeninfrastruktur an – wobei es auf dem Gebiet der Gesundheitsversorgung zweimal zu anhaltenden Grossmobilisierungen gekommen ist, welche die entsprechenden Intentionen blockiert haben. Auch ein neues Wasser- (Privatisierungs-) Gesetz konnte bisher noch nicht durchgedrückt werden. Im Rahmen eines regionalen Erschliessungsplanes von Kolumbien bis Mexiko wurden ursprünglich als Wiederaufbauhilfe nach dem Wirbelsturm Mitch von 1998 gepriesene Massnahmen wie eine weitgehend private mesoamerikanische Stromgeneration (für den Export) oder handelsinfrastrukturelle Grossprojekte (Häfen, regionale Verbindungsstrassen) gefördert – auf Kosten einer lokal orientierten Wirtschaft.
Dollarisierung
Anfangs 2001 trat die ohne jegliche Diskussion von der rechten Parlamentsmehrheit durch gewunkene Dollarisierung in Kraft. Das Land vergab sich damit die Möglichkeit einer halbwegs souveränen Entwicklung und ist seither auf die US-Notenbank angewiesen, welche ihre Entscheide ohne Rücksicht auf salvadorianische Befindlichkeiten zu nehmen pflegt. Insbesondere ist El Salvador seither „externen Schocks“ wie der aktuellen Ölpreisspirale schutzlos ausgeliefert. Das Dollarisierungsgesetz erlaubte es den Banken weiter, ihre Mindestreserveeinlagen neu nicht mehr bei der „Zentralbank“, sondern direkt im Ausland anzulegen und sie können seit 2004 dank eines weiteren Dekretcoups 150% des Eigenkapitals offshore platzieren. Seit einigen Monaten ist nun auch noch, mitten in der Subprime-Krise, eine Bestimmung in Kraft, die es den jetzt ausländischen Instituten wie der Citigroup oder HSCB gehörenden Banken erlaubt, ihre Kredite poolmässig zu verbriefen…
Die Dollarisierung sollte offiziell die Kreditzinsen von rund 20 % auf ein international übliches Mass drücken. Real liegen die salvadorianischen Zinssätze nach wie vor weit über dem US-Niveau, was zur erwähnten Finanzabwürgung der Realökonomie beiträgt. Die höheren Zinsen haben natürlich mit der tiefere salvadorianischen Produktivität und damit auch Zahlungsfähigkeit der Schuldner zu tun. Die Dollarisierung bedeutet die totale Abhängigkeit des Landes vom Influx von US-Dollars und verteuert die salvadorianischen Exporte. Das Handelsdefizit vergrössert sich jährlich. In den ersten vier Monaten dieses Jahres stieg es um 20.5% auf $1.689 Milliarden im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum, bei Exporten von $1.5 Milliarden und Importen von 3.2 Milliarden (El Diario de Hoy, 28.5.08).
Verschuldung
Um die wachsende Handelsschere zu finanzieren, verschuldet die Regierung das Land stetig mehr. Die staatliche Nettoverschuldung betrug letztes Jahr laut Zentralbank BCR $8.638 Milliarden (2005: $7.7 Milliarden). Das BIP 2007 betrug im Vergleich $20 Milliarden. Der letztjährige Schuldendienst lag bei fast $800 Millionen, beinahe soviel wie die Ausgaben für Erziehung und Gesundheit zusammen. Im laufenden Jahr wird er $1.2 Milliarden ausmachen, bei einem angestrebten Budget von $3.3 Milliarden, und 2011 sogar $2 Milliarden! Tatsächlich liegt die Staatsverschuldung noch einiges höher: Die Regierung gliedert etwa den sogenannten Rententreuhandfonds einfach aus ihrer Rechnung aus. Bis zu seiner Privatisierung funktionierte das ohnehin nur für die einen formellen Arbeitsplatz aufweisenden Arbeitskräfte konzipierte Rentensystem auf Umlagebasis. Die Zwangsübertritte der jüngeren Jahrgänge in die privaten Pensionskassen hebelten die bisherige Finanzbasis für die Bezahlung der Rentenansprüche aus; diese Aufgabe wurde nun ins ordentliche Budgget integriert, schlägt da aber jährlich massiv wachsende Löcher, die mit Neuverschuldung gedeckt werden. Um damit verbundenen parlamentarischen Kontrollen durch die Opposition zu entgehen, schuf die Regierung letztes Jahr einen Treuhandfonds, der aus der Staatsrechnung ausgelagert ist und über Zwangsanleihen bei den Pensionskassen finanziert wird.. Dies hebelt die Verfassung aus, die für Verschuldung ein qualifiziertes Mehr im Parlament vorschreibt, die ohne FMLN nicht zu haben ist. Ähnliche aus der Staatsrechnung herausgemogelte „Treuhandfonds“ hat die Regierung letztes Jahr auch für Projekte im Sicherheitsbereich und im Erziehungswesen ins Leben gerufen.
Freihandel
Zwei Dynamiken treiben diese „missliche“ Lage voran: die „Globalisierung“ und eine extrem ungleiche Reichtumsverteilung. 1995 trat El Salvador der WTO bei. Damals noch mit den Stimmen der FMLN-Fraktion, die wähnte, internationale Transparenzstandards würden der grassierenden Korruption der nationalen Eliten Einhalt bieten. Natürlich ist der FMLN längst eines Besseren belehrt, die Episode zeigt aber, mit welch enormen Schwierigkeiten der Übergang von einer Guerilla zu einer politischen Partei verbunden ist. Die damit begonnene Politik der Privatisierungen, Handelsliberalisierungen, Zollreduktionen und ähnliches wurde mit dem Freihandelsvertrag zwischen den USA und den zentralamerikanischen Ländern, CAFTA, nochmals massiv verschärft. In El Salvador ist CAFTA seit dem 1. März 2006 in Kraft. Seither ist der Export industrieller Güter ist zurückgegangen und hat sich nicht diversifiziert. Der Export landwirtschaftlicher. Produkte ist gestiegen, stützt sich jedoch weiterhin auf die traditionellen Produkte Kaffee, Zucker, Fisch und Meeresfrüchte. Neu ist die Produktion von Früchten für den Export (USA und EU): Mango, Ananas, Melonen u.a.. Alle diese Bereiche sind kapitalintensiv und deshalb nur für Grossgrundbesitzer und Grosskapitalisten eine Option. Die Importe aus den USA betreffen v.a. die Bereiche der salvadorianischen mittleren und Kleinunternehmen und sie sind 16 -25% gestiegen; Mais, Reis, einzelne Fleischsorten und Milchprodukte. Trotz Anstieg der subventionierten US-Importen sind die Preise für Grundnahrungsmittel und Agrarproduktion nicht gesunken; ihre Teuerung fällt sogar höher als die offizielle Landesinflation (4.9%) aus. Der durchschnittliche Preisanstieg beträgt bei den Grundnahrungsmitteln 28.9%, bei den landwirtschaftlichen Produktionsmitteln 25,6% (2007)!
Reformen wären finanzierbar
Noch krasser sieht es bei der Steuerpolitik aus, die extrem regressiv ausgerichtet ist. 68% der Steuereinnahmen stammen aus der Mehrwerststeuer (IVA), 16% aus der Lohnsteuer und die restlichen 16% aus der Gewinnsteuer für Unternehmen. Die Gewinne der Unternehmen betrugen im ersten Quartal 2007 nach Angaben der Zentralbank BCR über 60% des BIP!!! Die salvadorianische Fiskalquote liegt bei 13.8% (Angaben für 2006), der gewichtete lateinamerikanische Durchschnitt bei 20%. Die ARENA-Regierungen lehnen eine Steuererhöhung insbesondere bei Kapitalgruppen und Reichen strikt ab und greifen notfalls zum Mittel „versteckter“ Steuern. So beschloss die Regierung letzten Juni die Erhebung von 4 US-Cents auf jedem Anruf aus oder nach El Salvador, angeblich zwecks Finanzierung von Buspreissubventionierungen. Eine $80-Millionen-Massnahme, die vor allem die Emigrierten und ihre Familien trifft. Doch nur schon bei Einhaltung der geltenden Steuergesetze sähe die Fiskalsituation anders aus. Finanzminister William Hándal ging im März 2006 von $600 Millionen aus, welche die Unternehmen an Mehrwertsteuern (IVA) einziehen, aber nicht an den Staat weiterleiten. Im Oktober 2006 gab der damalige US-Botschafter Douglas Barclay eine Untersuchung bekannt, wonach 40% des IVA, 59% der Unternehmenssteuern und schicke 64% bei anderen Einnahmen wie Zöllen hinterzogen würden. Allein beim IVA machte das für 2006 $833 Millionen aus, mehr als die gesamte Neuverschuldung dieses Jahres. Das ist enorm wichtig im Hinblick auf die Finanzierbarkeit von Sozialreformen, die der FMLN als Regierungspartei umsetzen will.
Migration, Überleben, cambio
Insgesamt haben wir das Bild einer systematischen Zerstörung dessen, was nationale Wirtschaft genannt werden könnte. Vor diesem Hintergrund ist die Aussage des US-Botschafters Douglas Barclay zu situieren: „Wir dachten, dass täglich 740 Personen aus El Salvador in die USA migrieren. Von diesen werden ungefähr 40 an der Grenze zu Texas festgenommen und nachhause geschickt. Aber wir wissen nicht, wo die anderen sind“ (El Faro, 2.7.07). Mittlerweile geht die US-Botschaft wieder von etwas tieferen Zahlen aus, von etwa 500 pro Tag. Einer neuen Volkszählung zufolge leben in El Salvador 5.7 Millionen Menschen. Das salvadorianische Aussenministerium gab im November 2007 die Anzahl ausgewanderter SalvadorianerInnen weltweit mit 2.2 Millionen an, zuvor hatte es mit der Zahl von 2.9 Millionen operiert (El Diario de Hoy, 10.11.07). 2005 rechnete das Ministerium auf seiner Homepage mit 3.2 Millionen Emigrierten, 2.8 Millionen davon in den USA. 2007 nun reduzierte das Ministerium die Zahl der SalvadorianerInnen in den USA auf 1.8 Millionen. (Die Neueinschätzung wird mit Verweis auf die US-Volkszählung von 2000 und neue statistische Erhebungsmodelle begründet.) So oder so stellen die Rimessen (Heimüberweisungen der Emigrierten) seit den 90er Jahren die jährlich wachsende Haupteinnahmequelle an Devisen dar, vor allen Güterexporten. Laut BCR betrugen die Rimessen letztes Jahr über $3.6 Milliarden. Für die die ersten fünf Monate dieses Jahres sollen sie gegenüber dem Vorjahr um 6% gewachsen sein (El Diario de Hoy, 13.6.08), deutlich unter den zweistelligen Zuwachsraten bis und mit 2006. Das hat mit der zunehmenden Staatshetze auf MigrantInnen in den USA, der brutalen Situation an den Grenzen mit den USA, vor allem aber auch von Guatemala und Mexiko, und natürlich mit der Wirtschaftskrise in den USA zu tun, denn etwa ein Viertel aller salvadorianischer Migranten war auf dem Bau beschäftigt. Dass der BCR für dieses Jahr praktisch mit der gleichen Zuwachsrate wie für das Jahr 2007 aufwartet, überrascht. Mexiko meldet sinkende Rimessen und in El Salvador trifft man vermehrt die Haltung an, dass Emigration keine praktische Lösung mehr darstelle. Das ist enorm dramatisch: Je nach Quelle hängen 25% bis 70% aller Haushalte für die Deckung der Grundbedürfnisse von den Überweisungen ihrer Angehörigen ab. Der erhoffte cambio, die Besserung der Lebensbedingungen, nicht mehr automatisch mit Emigration assoziiert, gerät zwangsläufig die Veränderung der Bedingungen im Land ins Blickfeld.
III. Wahlen in El Salvador
Wahlen für Gemeinderegierungen, Parlament und zentralamerikanisches Parlament finden alle 3 Jahre, Präsidentschaftswahlen alle 5 Jahre statt. Für einen Sieg in den Präsidentschaftswahlen im ersten Durchgang bedarf es 50% plus einer Stimme, in der zweiten Runde zwischen den beiden Bestplatzierten reicht das einfache Mehr. Seit Kriegsende ist es nur bei den Wahlen 1994 zu einer zweiten Runde gekommen, als ARENA im ersten Durchgang knapp die 50%+1-Limite verpasste. Die Wahlhäufigkeit führt dazu, dass praktisch permanent Energien in Wahlbelange gesteckt werden.
Es herrscht ein ausgeprägter Präsidentialismus, erleichtert durch die bisherigen rechten Mehrheiten im Einkammer-Parlament mit 84 Abgeordneten. Es existieren 262 Gemeinden im Land, keine mit einem Gemeindeparlament. Die siegreiche Partei oder Koalition stellt die Gemeinderegierung allein. Das reformierte Wahlgesetz sieht vor, dass das mit der Durchführung der Wahlen und der Auszählung der Resultate befasste Oberste Wahltribunal (Tribunal Supremo Electoral, TSE) aus je einer/einem VertreterIn der drei bestplatzierten Parteien und zwei vom Obersten Gericht delegierten MagistratInnen bestehe, welche alle vom Parlament für eine 5-Jahresdauer gewählt werden. Es gibt also keine sogenannt unparteiische Wahlinstanz. Auf Departementsebene existieren die Juntas Electorales Departamentales (JED), welche bis zu einer Konterreform vom letzten Jahr aus VertreterInnen der vier stärksten Parteien und einem fünften, per Los aus dem Kreis der restlichen Parteien zu bestimmenden, Mitglied bestanden. Dito auf Gemeindebene (Junta Electoral Municipal, JEM). Die Wahlzentren sind bis auf ein paar Ausnahmen nur in den Gemeindehauptorten eingerichtet, was insbesondere auf dem Land vielen die Teilnahme erschwert. Im Gegensatz zum TSE sind die JED und JEM keine permanenten Körperschaften, genau so wenig wie die Wahltischbehörden (Juntas Receptoras deVotos, JRV, oder Stimmenempfangskomitees). Die fünfköpfigen JRV werden nach dem Schlüssel bestimmt, der bisher auch für die JED und JEM gegolten hat. Jede teilnehmende Partei hat überdies das Recht, eine/n VertreterIn pro Urne zu delegieren, die sogenannten fiscales, um die Rechtmässigkeit der Vorgänge am Wahltag zu überwachen.
Wahlgeschichte…
Bei den ersten Wahlen nach dem Friedensabkommen im März 1994 wurde der FMLN führende Oppositionskraft, allerdings weit hinter ARENA. Aus der Tabelle der Resultate für Parlaments- und Präsidentschaftswahlen seit 1994 (siehe unten) ist ersichtlich, wie sich das Land elektoral seither polarisiert und der FMLN auf Parlamentsebene mit ARENA gleichgezogen hat, aber nicht so bei den Präsidentschaftswahlen. Auch parlamentarisch ist damit noch kein Patt zwischen links und rechts erreicht worden, da sowohl die Christdemokratie (Partido Democráta Cristiano, PDC) wie die nationale Versöhnungspartei (Partido de Conciliación Nacional, PCN) klar zur Rechten zu zählen sind und die Partei CD (Cambio Democrático, zwischenzeitlich auch CDU genannt) mal nach links, mal nach rechts laviert. Auf Gemeindebene regiert der FMLN insbesondere die bevölkerungsreiche metropolitane Region, musste aber landesweit nach einem grossen Aufschwung 1997 und 2000 bei den folgenden zwei Wahlgängen einen markanten Rückschritt verbuchen. Heute leben 40 Prozent der Bevölkerung in vom FMLN regierten Gemeinden.
Und etwas Interpretation
Nun gilt es allerdings auch, die Resultate zu interpretieren. ARENA konnte ihre Stimmenzahl bei den Präsidentschaftswahlen 2004 gegenüber den Parlamentswahlen 2003 fast verdreifachen, während der FMLN „bloss“ um 70% zulegte. Doch der Schein trügt. Der FMLN war mit seinem seither verstorbenen, historischen Führer Schafik Handal angetreten, dem Hassobjekt # 1 für die Rechten und die grossen Medien. Der enorme Stimmenzuwachs, das Optimum des selbstgesetzten Ziels, war trotz permanenter Hetzkampagne in den Medien zustande gekommen, Ergebnis von Basiskampagnen und Organisierung. ARENA ihrerseits mobilisierte die Ängste aller Rimessenabhängigen und Emigrierten: Bei einem FMLN-Wahlsieg würde George Bush sofort zu Massendeportationen der SalvadorianerInnen schreiten. Wichtige Mitglieder des US-Kongresses und Otto Reich, im State Department für Lateinamerika zuständig, wiederholten diese Botschaft. ARENA hat heute aber das Problem, dass die Deportationen steil angestiegen sind.
Ein weiteres Beispiel. Bei den Wahlen 2006 behielt der FMLN die Hauptstadt nur extrem knapp, mit 44 Stimmen Vorsprung. Dies aber erst, nachdem Tausende von Militanten des FMLN während dreier Tage und Nächte den grössten Platz der Hauptstadt besetzt gehalten und eine Demonstration vor den Sitz des TSE durchgeführt hatten, an deren Rand es zu Schüssen auf DemonstrantInnen gekommen war. Das TSE hatte zuvor die eigenen bindenden Normen verletzt und sich geweigert, den FMLN-Sieg zu deklarieren. Das Wichtige war dann, dass viele Leute wirklich genug hatten von den ewigen Betrügereien und entschlossen waren, diese nicht mehr hinzunehmen. Ohne die Strasse hätte es die Anerkennung dieses Wahlsieges nicht gegeben.
Perspektiven für die Wahlen 2009
Seit November 2007 ist es offiziell: Der FMLN tritt mit Mauricio Funes für die Präsidentschaft und Salvador Sánchez Cerén (Leonel González) für die Vizepräsidentschaft an. Die Kandidaturen wurden offiziell im grössten Sportstadium des Landes bekannt gegegeben, das sich als viel zu klein für die vermutlich etwa 80'000 Menschen erwies, die an dieser Demonstration teilnahmen. 80'000 an einer Kandidatenproklamation – dahinter steckt ein gesellschaftliches Phänomen, das den Rechten in die Knochen fuhr.
Mauricio Funes war ein landesweit bekannter und sehr populärer Journalist, kein Mitglied des FMLN. Er hatte sich einen Namen als Kritiker der grassierenden Korruption gemacht. Politisch scheint er „gemässigt links“ zu stehen. Funes sucht den engen Kontakt mit der europäischen Sozialdemokratie und der brasilianischen Regierungspartei. Sánchez Cerén ist unter dem Namen Leonel González bekannt als einer der wichtigsten historischen FMLN-Comandantes. Dennoch liegt das Gravitationszentrum in der ‚fórmula’ (das Kandidatenduo) eindeutig bei Funes. Seit ihrer Proklamation führt der FMLN in praktisch allen Umfragen. In den letzten Monaten beträgt der Vorsprung zwischen rund 5 und 21 Punkten. Das erklärt sich unter anderem so:
- Seit langem drücken die Lebenshaltungskosten, was schon bisher für grosses Murren und Protestaktionen gesorgt hat. Doch seit letztem Jahr verschlimmern die Öl- und Nahrungsmittelpreise die Situation. Laut Aussage des WFP-Vertreters im Land vom letzten Mai hat die Bevölkerung 56 Prozent ihrer Kaufkraft für Nahrungsmittel eingebüsst (Notimex, 28.5.08).
- Die Umfragen weisen diese Problematik als prioritär aus. Die schon lange surreal anmutende Rosafärberei der Regierung hat darauf keine Antwort, einen sozialen Wechsel versprechen sich die Leute am ehesten vom Frente.
- Das Bedürfnis nach einem Wechsel ist nicht neu. Seit Jahren thematisieren es die Umfragen; paradoxerweise gewann jedoch stets ARENA die Präsidentschaftswahlen. Natürlich spielte der Wahlbetrug im engeren Sinne dabei eine Rolle, aber keine ausschlaggebende (im Gegensatz zu manchen Gemeinde- und wohl auch einigen Abgeordnetenwahlen). Wichtiger war: Regierungen und Medien hatten es geschafft, die Frage der Kriminalität über ihre reale, gravierende Dimension hinaus als fast apokalyptische Bedrohung aufzubauen, gegen welche die „harte Hand“ von ARENA besseren Schutz gewähren zu schien als die „permissive“ Position des FMLN. Zur Zeit scheint die Manipulation von Regierung und Medien an Macht einzubüssen, obwohl die Sicherheitslage sich nicht gebessert hat.
- Solange der FMLN in die „radikale“ Ecke, möglichst nahe an Al Qaida, Strassenbanden und Drogenhandel, gestellt werden konnte, schien der Wunsch nach einer Veränderung keine Realisierungschance gehabt zu haben. Die Kombination des „gemässigten“ Mauricio Funes als Präsident mit dem FMLN als Sozialgaranten scheint hingegen die Hoffnung auf einen Wechsel zu beflügeln.
- Umgekehrt hat der Machtclan in ARENA um Präsident Saca und Sicherheitsminister René Figueroa mit der Portierung des langjährigen Polizeichefs Rodrigo Ávila als Präsidentschaftskandidat einen schlechten Zug getan. Der Mann steht einfach nicht für den cambio, den die ARENA-Strategen nicht müde werden zu predigen. Die Machthabenden haben die Brisanz der sozialen Frage registriert und befleissigen sich seit einiger Zeit einer geradezu „sozialdemokratischen“ Rhetorik. Doch Ávila steht für ‚same old story’ und zudem für das Scheitern der repressiven Sicherheitsdoktrin der letzten beiden ARENA-Regierungen.
Nun wissen die FMLN-Kader, dass auch Manuel López Obrador in Mexiko lange Zeit mit vergleichbar grossen Umfragewerten führte, die dann in relativ kurzer Zeit auf einen kleinen Vorsprung am Wahltag selbst zusammenschmolzen. Der „Ameisenbetrug“ – pro Urne eine bis zwei Falschstimmen für den offiziellen Wahlsieger der Rechten - reichten aus, um López Obrador zum Verlierer zu erklären. Die vom FMLN selbst in Auftrag gegebenen und nicht veröffentlichten Umfragen bestätigen das Bild eines signifikanten Frente-Vorsprungs, was aber die Verantwortlichen für die Kampagnen für die Alcaldía (Gemeinderegierung) der Hauptstadt nicht sorglos macht. Den derzeitigen Vorsprung der amtierenden FMLN-Bürgermeisterin Violeta Menjívar wollen sie unbedingt ausbauen. Denn 2006, als der Sieg offiziell an 44 Stimmen hing, waren die Umfrageergebnisse ähnlich positiv gewesen. Generell geht der FMLN davon aus, dass es für einen offiziellen Präsidentschaftssieg eine veritable Lawine von Frentestimmen braucht, um die verschiedenen Betrugsmechanismen zu neutralisieren. Das schien bis letztes Jahr eine illusorische Perspektive – die dramatische soziale Entwicklung aber ermöglicht es heute, sie nicht von vornherein als pures Wunschdenken abzutun.
Wahlresultate 1994-2006
Jahr | WAHLEN | FMLN | % | ARENA | % | ANDERE | % | TOTAL GÜLTIGE STIMMEN |
1994 | Präsidentschaft | 378,861 | 31.7 | 818,055 | 68.3 | - | - | 1,196,916 |
Abgeordnete | 287,811 | 21.4 | 605,775 | 45.0 | 451,691 | 33.6 | 1,345,277 | |
BürgermeisterInnen | 276,124 | 21.3 | 598,391 | 46.1 | 422,487 | 32.6 | 1,297,002 | |
1997 | Abgeordnete | 369,709 | 33.0 | 396,301 | 35.4 | 353,593 | 31.6 | 1,119,603 |
BürgermeisterInnen | 365,175 | 32.6 | 410,537 | 36.7 | 343,577 | 30.7 | 1,119,289 | |
1999 | Präsidentschaft | 343,472 | 29.1 | 614,268 | 52.0 | 224,508 | 19.0 | 1,182,248 |
2000 | Abgeordnete | 426,289 | 35.2 | 436,169 | 36.0 | 347,811 | 28.7 | 1,210,269 |
BürgermeisterInnen | 415,003 | 34.1 | 438,859 | 36.0 | 364,134 | 29.9 | 1,217,996 | |
2003 | Abgeordnete | 475,130 | 34.0 | 446,279 | 31.9 | 477,317 | 34.1 | 1,398,726 |
BürgermeisterInnen | 471,042 | 33.6 | 491,452 | 35.0 | 440,432 | 31.4 | 1,402,926 | |
2004 | Präsidentschaft | 812,519 | 35.7 | 1,314,436 | 57.7 | 150,518 | 6.6 | 2,277,473 |
2006 | Abgeordnete | 785,072 | 39.3 | 783,230 | 39.2 | 429,712 | 21.5 | 1,998,014 |
BürgermeisterInnen | 670,711 | 33.5 | 791,361 | 39.6 | 538,828 | 26.9 | 2,000,900 |
IV. Mechanismen des Wahl-Betrugs
Die Betrugsvarianten reichen von Mitteln wie Stimmenkauf oder Bedrohung von Oppositionellen über den ganzen Bereich des sogenannten technischen Betrugs (rund um das Wahlregister) bis hin zu den legalen Möglichkeiten der medialen Erzeugung von eigentlichen Massenpsychosen (wie „bei einem FMLN-Sieg wandert das Kapital aus“).
Angst- und Terrorkampagnen
Beträchtliche Teile der Gesellschaft verdrängten die schrecklichen Erfahrungen aus der Kriegs- und Vorkriegszeit, aus Angst, diese Verhältnisse würden bei ihrer Thematisierung wieder zurückkehren. Auf dieser Klaviatur spielte die Propaganda der Rechten lange erfolgreich, indem sie unterschwellig, aber für die Leute unverkennbar, erkennen liess, dass ein allfälliger Wahlsieg des FMLN ein casus belli darstelle. Dafür dient auch, dass der Frente systematisch in die gewalttätige Ecke gestellt wird. Zur Zeit überbieten sich Regierung und Medien darin, den FMLN als Intimkomplizen der kolumbianischen „Narcoterroristen“ zu porträtieren.
In eine ähnliche Richtung zielt eine andere Dauerkampagne, welche den Frente als Handlanger von Hugo Chávez darstellt. Die mexikanischen Wahlerfahrungen, als es mit dieser Darstellung gelungen war, der Popularität von López Obrador etwas entgegen zu setzen, blieben den ARENA-StrategInnen natürlich nicht verborgen. „Nahrung“ erhielt diese Desinformationsstrategie mit einem Bericht der US-Geheimdienstkoordinators McConnell vom letzten Januar, der ohne einen Hauch von Substantiierung nebenbei bemerkte, eine finanzielle Einflussnahme von Chávez auf den Wahlkampf des FMLN sei nicht auszuschliessen. Die salvadorianischen Amtsstellen und Medien waren angesichts dieser „dramatischen Warnung“ in wochenlangem Aufruhr, Präsident Saca eilte subito nach Washington. Mit energischer Miene kündigte er nach seinem Rückflug an, gegen jeden Angriff auf die nationale Souveränität entschlossen vorzugehen und die Staatsanwaltschaft einen allfälligen Landesverrat des FMLN untersuchen zu lassen. Wenige Tage später schmetterte ARENA im Parlament erneut einen FMLN-Vorstoss zur Regulierung der Parteienfinanzierung ab. El Salvador ist das einzige Land im Kontinent, das überhaupt keine Regelung für Wahlkampfspenden kennt. Diese „Chavisierungs“-Kampagne ist übrigens in einer vom schweizerisch-venezolanischen Demoskopen Gustavo Keller verfassten und von der Hanns-Seidel-Stiftung (CSU) finanzierten Studie zum Profil des ARENA-Kandidaten im November 2007 als zentrales Strategieelement gegen den FMLN herausgearbeitet worden, zusammen mit der Präsentation von ARENA als „sozialer Reformkraft“.
Leider gehört ins Wahlvorfeld auch eine Zunahme von Morden an politischen AktivistInnen, wie wir sie oben schon erwähnt haben. Es ist zu befürchten, dass solche Morde in den kommenden Monaten zunehmen werden. Ebenso ist mit Funden von zerstückelten Frauenleichen oder ähnlich Makabrem zu rechnen, wie es sich jeweils vor den Wahlen eingebürgert hat, um danach spurlos zu verschwinden (genau gleich im Nachbarland Guatemala).
Stimmenkauf
Am Wahltag wird der Stimmenkauf ins Gewicht fallen. Grundsätzlich basiert er auf Abhängigkeiten, etwa vom Arbeitgeber oder von einem staatlichen Subventionsprogramm zur „Armutsbekämpfung“. Zwar sind fünf oder zehn Dollar im Monat für eine Dorffamilie, etwa im Gegenzug für den Schulbesuch der Kinder, keine Bonanza, aber dennoch unverzichtbar. Und sie können eine Stimmabgabe für ARENA kosten. Ein Funktionär kann die „Begünstigten“ des Subventionsprogramms gruppenweise in die Nähe des Wahllokals führen, in dem zuerst eine ARENA-Aktivistin ihren Wahlzettel nur zum Schein in die Urne wirft. In Wirklichkeit bringt sie ihn an den Treffpunkt, wo er ausgefüllt und der ersten „begünstigten“ Person übergeben wird. Diese erhält ihren eigenen Wahlzettel, wirft aber den mitgeführten ein, beobachtet von einem sich nahe der Urne aufhaltenden ARENA-Aktivisten, und bringt nun ihrerseits den neuen Wahlzettel zurück zum Treffpunkt. Dort kann auch eine Belohnung in Form eines Hamburgers und einer Cola winken. Bei den Wahlen 2004 beobachtete unsere Delegation ein solches Vorgehen.
Wahlkonterreformen
Wichtige Entscheide pflegt die Rechte in Form eines Überraschungscoup im Parlament einzubringen, wobei die üblichen parlamentarischen Verfahren wie Kommissionen und Anhörungen ausgesetzt werden und es binnen weniger Stunden zum Händeheben der rechten Mehrheit kommt. So geschehen wie erwähnt bei der Dollarisierung oder etwa beim Freihandelsabkommen mit den USA. „Madrugones“ nennt man dieses Vorgehen - sie erfolgen meist zu später Stunde, wenn die übermüdeten ParlamentarierInnen schon lange ins Bett wollen, daher die auf Morgendämmerung anspielende Bezeichnung. ‚Madrugones’ kommen in der Regel auch bei Reformen des Wahlgesetzes zur Anwendung. So legalisierte die Rechte im Schnelltempo, dass es im Obersten Wahlgericht TSE bei den meisten Beschlussfassungen fortan nicht mehr einer Mehrheit von vier der fünf Magistraten brauche, sondern nur noch deren drei. Hintergrund: Das Parlament wählt je einen Magistraten (alles Männer) der drei stärksten Parteien sowie zwei Magistraten aus einer Vorschlagsliste des Obersten Gerichts, von denen der eine klar zu ARENA gehört, der andere eher zum FMLN tendiert. Mit der jetzt gültigen Regelung ist der FMLN im TSE weitgehend ausgeschaltet, „lästige“ Konsenslösungen gehören der Vergangenheit an.
Zuvor hatte die rechte Parlamentsmehrheit in offener, aber straffreier Verletzung des Wahlgesetzes einen Vertreter der ARENA-Satellitenpartei PCN statt des von der Koalition CD/PDC vorgeschlagenen Fachmanns in das Wahlgericht gewählt. Bei den vorausgegangenen Wahlen hatte die Koalition den (relevanten) dritten, der PCN nur den vierten Platz belegt. Letzten Dezember kam es bei einem weiteren „madrugón“ in Sachen Wahlkonterreform zu einer Reihe ziemlich bestürzender neuer Regelungen. Insbesondere liegt es nun in der Kompetenz des TSE (bzw. eben seiner Rechts-Mehrheit), die interne Aufgabenverteilung in den departamentalen und kommunalen Wahlbehörden, den JED und JEM, festzulegen, was bisher in deren Kompetenz lag. Diese beiden Instanzen sind sehr wichtig für die praktische Organisation der Wahlen wie auch die territoriale Zentralisierung der Stimmzettel und ihre Auszählung. Ebenso bedeutsam ist die Neuregelung punkto Ungültigkeit eines Stimmzettels. Unter anderem bedurfte es für seine Gültigkeit der Unterschrift und des Stempels der Sekretärin/des Sekretärs der JRV (Wahltischkomitee). Neu fallen diese beiden Erfordernisse weg. Zwar dürfte es gerade in kleinen Orten, wo sich alle kennen, nicht selten vorgefallen sein, dass der Sekretär schlicht „vergass“, den noch leeren Stimmzettel der als Sympathisantin der Gegenpartei bekannten Nachbarin zu unterschreiben, womit ihre Stimme automatisch ungültig wurde. Allerdings war das nur dort möglich, wo die VertreterInnen der anderen Parteien entweder schliefen oder eingeschüchtert waren. Mit der Neuregelung ist es leichter möglich, falsche Stimmzettel in die Urne zu befördern.
So funktioniert es in der Theorie …
Die Personalangaben zu allen BürgerInnen werden von den Alcaldías (Bürgermeisterämter) an das EinwohnerInnenregister - Registro Nacional de Personas Naturales, RNPN - geliefert. Das RNPN leitet eine Reihe von Personendaten für alle Wahlberechtigten (ab 18 Jahre) an das WählerInnenegister - Registro Electoral, RE - weiter, eine interne Abteilung des TSE. Um das Wahlrecht auszuüben, bedarf es seit 2002 des u.a. mit biometrischen Angaben (Fingerabdruck) ausgestatteten Personalausweises, des Documento Único de Identidad, DUI. Die DUIs werden von einem privaten Unternehmen hergestellt, Docusal, welches das RNPN und dieses das RE über seine Neuausfertigungen informiert. Diese DUIs ersetzten die früheren Wahlausweise und werden nicht nur für Wahlen, sondern generell für den Verkehr mit Behörden und der Geschäftswelt benötigt. Sie sind fortlaufend nummeriert. Aus dem Wahlregister erstellt das TSE die für den jeweiligen Wahlgang massgebende WählerInnenliste - den Padrón Electoral. Der ‚Padrón’ ist eine um etwa ihres Wahlrechtes verlustig gegangene Strafgefangene oder Tote bereinigte Fassung des RE. Die Alcaldías melden Todesfälle dem RNPN, das wiederum das TSE informiert. Jeder Wahltisch erhält wiederum einen Auszug aus dem ‚Padrón’ mit Angaben inklusive Foto und DUI-Nummer zu seinen 400 (seit letztem Dezember: 450) Wahlberechtigten.
… und so in der Praxis
Das RNPN und das RE sind exklusive ARENA-Domänen. Die Leitung des RNPN wird vom Staatspräsidenten ernannt, jene des Registro Electoral vom TSE. Dass laufend Tote im Padrón auftauchen, ist offiziell. Noch bei jeder Wahl hört man die Klage von stimmberechtigten BürgerInnen, dass jemand anders schon an ihrer Statt die Stimme abgegeben habe. Viele Informationen weisen auch auf einen „Wahltourismus“ hin, bei dem in Bussen herangefahrene BürgerInnen von Nachbarländern sich an den salvadorianischen Wahlen beteiligen. Es gibt konsistente Hinweise auf MehrfachwählerInnen, die in verschiedenen Gemeinden gleichzeitig „wahlberechtigt“ sind. „TouristInnen“, Phantom- und MehrfachwählerInnen verfügen über DUIs. Wie kommt das?
Die Spinne im Netz
Der Blick richtet sich auf das EinwohnerInnenregister RNPN und die von ihm unter Vertrag genommene Firma Docusal, welche, wie gesagt, die DUIs anfertigt. Das Unternehmen ist ein Ausbund an Intransparenz. Während einige seiner salvadorianischen ExponentInnen aus Politik und Oligarchie bekannt sind, scheinen an der Firma die frühere Muttergesellschaft der Western Union, ein holländisches und ein mexikanisches, auf Sicherheitspapiere spezialisiertes Unternehmen, eine zentralamerikanische Kapitalgruppe um einen mafiösen Banker aus Nicaragua sowie, nach Presseangaben vom letzten Jahr, ein völlig unbekanntes, in Panama domiziliertes Unternehmen beteiligt zu sein.
Im Mai 2004 informiert die RNPN-Leitung über 24 Docusal-Verletzungen des Vertrags mit dem RNPN, so etwa, dass Docusal die Zugriffslogs auf die DUI-Datenbank nicht offen legt. Im Mai 2006 beschliesst das RNPN unter seiner neuen Leitung von Miriam Mixco, über Nacht die Verbindung mit seinem Hauptserver zu kappen, stellt aber laut Mixco Zugriffe aus den USA fest, „möglicherweise über eine Verbindung, welche Docusal mit unserem Rechenzentrum hat“ (La Prensa Gráfica, 5.7.07). Der Zugang zum Server sollte nur während der ordentlichen Arbeitszeit möglich sein, just um unkontrollierte Eingaben in die Datenbank zu vereiteln. Im Juli 2006 kritisiert der staatliche Rechnungshof, dass das „RNPN keine adäquate Kontrolle über die DUI-Register ausübt“; nur über einen Lesezugriff auf die DUI-Register verfügt, was seine Kontrollaufgabe erschwere; überhaupt keinen Zugang zur Datenbank mit den Fingerabdrücken (AFIS) hat und generell von Docusal über bedeutende Veränderungen in der Arbeitsweise des Unternehmens nicht informiert wird (La Prensa Gráfica, 24.7.06). Ohne Zugriff auf die AFIS-Datenbank ist an eine Überwachung der Docusal-Aktivität und der im Lande zirkulierenden DUIs nicht zu denken, da jede Änderung oder Neuanfertigung eines DUI vom Fingerabdruckcheck abhängig ist, wie Mixco der Prensa Gráfica am 8. Mai 2007 erklärt hatte.
Mixco gab am 13. März 2007 die Eröffnung eines Arbitrage-Verfahrens gegen Docusal bekannt, unter anderem, weil das Unternehmen nur 14 statt der vertraglich 28 öffentlichen DUI-Zentren betrieb. Das hatte zu berüchtigten Warteschlangen geführt, es war keine Seltenheit, dass jemand den ganzen Tag vergeblich angestanden war. Später wurde bekannt, dass der Mixco-Vorgänger und heutige Generalstaatsanwalt Garrid Safie Docusal zu diesem Vertragsbruch autorisiert hatte. Safie war zuvor als Chef des Katasteramtes in die Veruntreuung von Weltbankkrediten verwickelt gewesen. Zur Begründung ihres Vorgehens liess Mixco auch folgendes verlauten: „Jeden Tag entfernt [Docusal] drei bis vier Geräte [zur DUI-Herstellung] aus jedem Duicentro, ohne zu sagen, wann sie sie zurück bringen würden“ (La Prensa Gráfica, 14.3.07). Am 15. März gab Präsident Saca die Ernennung von Juan-José Francisco Guerrero zum neuen Leiter des RNPN bekannt und sprach sich später ultimativ für die Verlängerung des auf Ende 2007 auslaufenden Vertrags des RNPN mit Docusal aus. So kam es denn auch. Plötzlich hatte RNPN-Chef Guerrero nämlich mitteilen können, dass die relevanten strittigen Punkte gelöst seien: Docusal habe die Sourcecodes der angewandten Software mitgeteilt (worüber u.W. nie mehr etwas zu hören gewesen war) und schule jetzt auch das RNPN-Personal in der Softwareapplikation (Prensa Gráfica, 28.10.07).
Eigentümliche OAS
Die Möglichkeit des „technischen Betrugs“ via Wahlregister u.ä. ist seit Jahren in der meisten Leute Munde. Zusammen mit anderen Formen des legalen und illegalen Wahlbetrugs führt dies zur weit verbreiteten Gewissheit, dass bei Wahlen betrogen wird. Auf die Länge ist dies der Legitimität der neoliberalen Politik nicht sonderlich förderlich, was auch die OAS weiss, die in El Salvador die meisten Wahlen beobachtet hat (Wir hatten ihre offiziellen WahlbeobachterInnen beobachtet, wie sie im Sitz des TSE, als dessen Präsident 2004 den unumkehrbaren ARENA-Sieg bei den Präsidentschaftswahlen verkündete, den ARENA-Militanten jubelnd in die Arme fielen). Als Ergebnis der Diskussionen zwischen Regierung, OAS und FMLN wurde eine grundlegende Überprüfung des Wahlregisters (RE) durch die OAS beschlossen,
Die Untersuchung sollte im Januar 2007 starten. Doch es kam, wie es bei derlei Sachen üblich ist in El Salvador: Während Monaten waren TSE und Finanzministerium damit beschäftigt, die letzten Details der Finanzierung der OAS-Mission ins Reine zu bringen, und als dann die Finanzierung endlich stand, hatte die OAS interne „bürokratische“ Probleme, wie sich ihre Sprecher ausdrückten. Um es kurz zu machen, die RE-Überprüfung startete nicht im Januar, sondern im September 2007. Da die Resultate aber im Dezember vorliegen mussten, um für die kommenden Wahlen noch reformrelevant zu sein, „verzichtete“ man auf eine Totalüberprüfung zugunsten einer Stichprobe, was beim FMLN und bei mit der Wahlproblematik befassten NGOs Besorgnis auslöste. Am 20. Dezember stellte die OAS-Mission ihren Bericht vor. In der Einführung heisst es: „Das Wahlregister ist ein vertrauenswürdiges und verbesserungsfähiges Instrument mit einem Qualitätslevel von 95%“ (was internationalen Standards entspreche). ARENA und ihr TSE klopften sich stolz auf die Schultern, die Medien wurden nicht müde, das schöne Sätzchen zu wiederholen und gaben sich sogar kritisch: Die Mission habe zu beachtende Verbesserungsvorschläge eingebracht; insbesondere sollten die Meldeformulare bei Geburt und Tod in allen Gemeinden des Landes standardisiert werden. Den Bericht, der sofort hätte veröffentlicht werden sollen, hält das TSE noch immer unter Verschluss – mit Grund. Denn auf seinen 145 Seiten steht so Manches, was einem die Haare zu Berge stehen lässt – und es hat nichts mit den Meldeformularen zu tun. Generell lässt sich sagen, dass der „technische“ Teil des Berichtes über weite Strecken eindeutig besser ist als seine „politische“ Zusammenfassung in den „Empfehlungen“ und „Schlussfolgerungen“, welche sogar den ihnen zugrunde liegenden Befunden oft widersprechen. Eine Papierkopie des allerdings Vorkenntnisse voraussetzenden Berichts „Auditoría Integral al Registro Electoral de la República de El Salvador“ kann beim ZAS bestellt werden.
Mit Tand und Spiegelchen
Nachdem aus der „Auditoría integral“ faktisch eine auf drei Monate beschränkte Stichprobe wurde und die eigentliche Arbeit bloss einen knappen Monat in Anspruch nahm, lieferte die OAS-Mission bei der Definition der Probe ein Gesellenstück sui generi. Die Stichprobe bestand aus dem Abgleich von 50'000 (Personen-) Datensätzen im Wahlregister mit ihren Pendants im RNPN und von je 10'000 Datensätzen des Wahlregisters mit den ihnen zugrunde liegenden Primärquellen in den 14 Departementen (Geburts- und Todesurkunden sowie Gerichtsbeschlüssen). Es wurden, wie die Mission ausführlich beschreibt, je drei solcher Datensätze in drei Couverts verschlossen, von denen eine Notabelnkommission am 22. Oktober 2007 eines vor laufenden TV-Kameras auswählte und versiegelte. Am 16. November wurden die Siegel wiederum in Anwesenheit der Notabeln, sonstiger Prominenz und der Medien gebrochen und dann sogleich die Arbeitsteams losgeschickt. Nett. Doch wie kam die Datensätze in die Couverts? Dazu lässt sich die Mission praktisch nicht aus. Ein Statistiker sei zur Bestimmung der Stichproben angestellt, eine handelsübliche Software mit Zufallsgenerator (SAS v9.1.3, PROC SURVEYSELCT) verwendet worden. Es gibt diese Redenwendung in Lateinamerika, von den Conquistadores, die mit „Tand und Spiegelchen“ die Indígenas gelegt bzw. um ihr Gold gebracht haben. Grosses Tamtam vor surrenden Kameras bei sekundären Schritten, völlige Diskretion bei der entscheidenden Auswahl. Der FMLN-Magistrat im TSE bestätigte im Gespräch, dass die Opposition in diesem Bereich keine auch nur minimale Kontrolle gehabt habe. Zum Vergleich: Als in Venezuela Hugo Chávez 2004 das Absetzungsreferendum gewonnen hatte, hatten die gleiche OAS, das Carter Center, der Nationale Wahlrat und die Opposition je einen Informatikexperten bestimmt, damit diese gemeinsam ein Programm ausarbeiteten und einsetzten, um – die Wahltische für die Kontrollprobe zu bestimmen!
Wuchernde Unstimmigkeiten
Ein gravierendes Manko dieser Überprüfung bestand darin, dass der OAS/TSE-Vertrag sich einzig auf das RE bezog, aber nicht auf die Vorgänge im EinwohnerInnenregister RNPN und in Docusal. Tatsächlich aber ist das Wahlregister nichts anderes als ein Resonanzkasten des RNPN (das wiederum, wie wir gesehen haben, in vielem von Docusal abhängt). Einige der hochgerechneten Befunde lassen dennoch aufhorchen. Im RE sind 4.1 Millionen Datensätze vorhanden. Bei 27% davon weisen die DUIs keine oder eine unvollständige Adresse auf (theoretisch gehört die Überprüfung der Adresse zu den Aufgaben der Wahltischbehörden). Bei über 100'000 WählerInnen stimmen die Angaben zwischen RE und RNPN nicht überein, was „unmöglich“ ist und nicht erklärt wird. Das RE führt 89'000 Verstorbene als Lebende in seinen Listen. Bei 101'646 WählerInnen fehlt die Geburtsurkunde in der Gemeinde.
Was bedeutet dies? Der technische Betrug kommt mutmasslich vor allem bei relativ knappen Resultaten zum Tragen, nur schon, weil er für Teile seiner Umsetzung – etwa MehrfachwählerInnen - diskreter AktivistInnen bedarf. Eine Reihe von Gemeinde- und departementalen Abgeordnetenwahlen können so aber entschieden werden. Bei Präsidentschaftswahlen käme der technische Betrug vor allem in einer Situation eines relativen Patts zum Tragen, denken wir an die beiden letzten Präsidentschaftswahlen in den USA. Nun bedeuten die 27% DUIs mit unklaren oder fehlenden Adressen natürlich nicht, dass sie alle betrugsrelevant wären. Schlechte Kataster hängen damit zusammen und vor allem die Existenz sogenannter „wilder Siedlungen“. Um ein Beispiel zu geben: Auch der FMLN-Magistrat im TSE fällt unter die Kategorie ungenauer Wohnortsangaben. Andererseits hat der FMLN nach den Wahlen 2006 bei einer genauen Nachprüfung des Padróns der Departementshauptstadt Zacatecoluca mithilfe seiner lokalen Basiskomitees herausgefunden, dass viele der eingetragenen WählerInnen mit schlicht nicht existierenden Adressen eingetragen sind. Die „Unstimmigkeiten“ im RE ermöglichen nicht nur ein Sammelsurium von Gerüchten, sondern eben schlicht auch reale Betrugsvorgänge. Die OAS-Mission tut dabei herzlich wenig, entsprechende Verdachtsmomente zu widerlegen. So bezeichnet sie die über 100'000 Fälle fehlender Geburturkunden als geklärt: Zwar fehlten die Dokumente in den Gemeinden, wie der Abgleich zwischen RE und Primärquellen ergeben habe, doch in allen Fällen verfüge das RNPN über eine Kopie. Das ist nett. Nur, wie ist das RNPN zu seinen Kopien gekommen, wenn nicht von den Kommunen? Die sind laut salvadorianischem Gesetz einzig zuständig für Geburturkunden.
Informatik und phantasierte BürgerInnenkontrolle
Am wichtigsten jedoch sind die Missionsbefunde in den Bereichen der Informatik und der (Nicht-) Kontrolle des Zugangs zu den Datenbanken im RE. Da steht etwa: Die „Programme … werden informell entwickelt“ (S. 84). Eine Erfassung der verschiedenen Softwareentwicklungen hat das TSE nicht. Auf der nächsten Seite lesen wir: Im RE „wird der vom RNPN erzeugte Checkcode nicht einbezogen (man kennt das Modul nicht)“. Und: „Diese Programme beinhalten nicht die Validierung des vom RNPN zum DUI angebrachten Kontrollcodes. Das TSE begnügt sich damit zu verifizieren, dass es sich um ein numerisches Feld handelt, da der Algorithmus zur Schaffung des Kontrollcodes nicht bekannt ist“. Doch wir sind nicht in der Witzstunde. Es handelt sich um einen sogenannten Hashcode, welcher aus einer Reihe von Daten erstellt wird, dergestalt, dass eine Änderung dieser Daten unfehlbar eine Änderung des Hashcodes nach sich zieht. Beim Hashcode handelt es sich um ein bewährtes Mittel für die Datenkontrolle. Da das TSE nicht über den Algorithmus des RNPN verfügt, kann es keine Hashkontrolle ausüben und begnügt sich damit zu gucken, ob im Feld „Hashkontrolle“ eine Zahlenfolge erscheint! Mit andern Worten: null Kontrolle. Wir würden gerne mal den Polizisten kennen lernen, der bei der Identitätskontrolle nicht auf die Passnummer schaut, sondern darauf, ob irgendeine Nummer da ist. Den Gipfel stellt aber vermutlich folgendes Sätzchen dar: „Es kann wegen der mangelnden Methodologie bei der Softwareentwicklung nicht bestätigt werden, dass das in der Überprüfung und in seinem Inhalt und seinen Validierungen beobachte Programmierungmodul das gleiche ist, das zur Zeit von den Users in der Produktion angewendet wird“ (86). M.a.W.: Der Bereich Datenbank des RE ist ein derartiger Saustall, dass wir nicht wissen, ob das, was wir angeschaut haben, auch das ist, was sie verwenden. Diese „Unordnung“ erstreckt sich auch auf die Bestimmungen über die Zugangsregelung für die Datenbanken: „Die Handbücher für die [RE-] internen Vorgehensweisen sind den verschiedenen Funktionären unbekannt“, sind nicht „standardisiert“, aber dafür „konfus“ (87).
Ein „Juwel“ stellt auch noch folgende Aussage zum Problem der Zugriffe auf die Datenbanken des RE dar: „Das Folgende gibt es nicht: ein Verzeichnis oder Log der Operationen“ (90). Offiziell weiss also niemand im RE und schon gar nicht in der OAS-Mission, was in den Datenbanken eigentlich gemacht wird. Oder auch dies ist von Interesse: Nach der „Prüfung“ der vom RNPN übermittelten Daten (wir haben gesehen, was darunter zu verstehen ist) werden diese dem fünfköpfigen TSE-Plenum zur Zustimmung oder Ablehnung ihrer definitiven Aufnahme ins RE vorgelegt. Allein, „nach der Eintragung der angenommenen Daten kommt es erneut zu Differenzen zwischen dem Total des Angenommenen und des Eingetragen“ (95). Das weiss auch der FMLN-Vertreter im TSE, Eugenio Chicas: Die Daten, welche die Magistraten in corpore für die Eintragung ins RE frei geben (hier gilt noch nicht die einfache Mehrheit), sind andere als jene, die dann auch eingetragen werden. Die Mission begnügte sich mit einem Stirnrunzeln.
Wir erfahren etwa auch, dass die RE-Leitung darüber informierte, dass es „60 Fälle von Personen mit mehr als einem DUI“ gibt, „von denen 30 gelöst wurden“ (108). Ach ja? Die Mission hält es für „bemerkenswert, dass das theoretisch unfehlbare System der Fingerabdruckvergleiche nicht einem dieser Fälle auf die Spur kam“, und weiss dann nichts mehr zu sagen. Das könnte wiederum mit der Auftragsbeschränkung auf das RE zu tun haben unter Ausschluss der zugrunde liegenden RNPN und Docusal, dem Unternehmen, das die Mehrfachausstellung der DUIs getätigt hat. Vermutlich aus diesem Grund wurde auf der gleichen Seite auch bloss folgender Befund präsentiert: „Es wurden 12'365 Sprünge in der fortlaufenden Nummerierung der DUIs entdeckt, Nummern, die nicht zugeordnet oder mit einem ausgestellten DUI assoziiert sind.“ Es wäre interessant zu wissen, was für eine Software es Docusal erlaubt, banalste Programmalgorithmen wie die fortlaufende Nummerierung zu „umgehen“ und was mit den offiziell nicht zugeordneten Ausweisnummern gemacht wird.
Und weiter im Text
109 Empfehlungen von unterschiedlicher Relevanz hatte die OAS zur Verbesserung des RE formuliert, 52 davon will das TSE für die Wahlen 09 angeblich umsetzen. Als Beispiel werden stets zuerst zwei nebensächliche Bereiche genannt: Standardisierung der Meldeformulare für Geburten und Todesfälle und besserer Kommunikationsfluss zwischen Gerichten und TSE. Wie ernst es dem TSE mit dem Reformvorhaben ist, zeigte seine Dreiermehrheit mit ihrem Beschluss vom 22. Mai 2008, zwei letzten März unterschriebene Vertragspunkte mit der OAS auszuhebeln. Die OAS sollte nach Vertragstext für das TSE zwei Handbücher ausarbeiten mit klaren Vorgehensweisen für eine permanente TSE-interne Kontrolle des RE und für eine ebenso permanente Überprüfung des RE durch die im Parlament vertretenen politischen Parteien. Letztere sind zu diesem Behuf in der Junta de Vigilancia Electoral (JVE, Wahlüberwachungs-ausschuss) organisiert. Die Registerkontrollaufgabe der politischen Parteien ist sowohl in der Verfassung wie auch im Wahlgesetz unzweideutig festgehalten, wird aber seit Jahren erfolgreich von ARENA unterbunden. Die Informatik-Experten der JVE erhalten schlicht keinen Zugang zur Datenbank des RE, wie der OAS-Bericht kurz bemerkte. Man ist es in der OAS nicht gewohnt, in entscheidenden Punkten einfach vor die Tür gesetzt zu werden, so sehr TSE-Präsident Walter Araujo auch die Frage der „nationalen Souveränität“ bemühte. Zudem hatten der FMLN-Magistrat im TSE, Eugenio Chicas, bzw. seine Stellvertreterin, Silvia Cartagena, öffentlich wirksam eine entschiedene Kritikkampagne am Vorgehen der TSE-Mehrheit initiiert. Nach zwei Wochen war der Druck zu gross, die TSE-Mehrheit trat den Rückzug an und erklärte die „kleine Konfusion“ für beendet. Nachdem die OAS tatsächlich eine eindeutig politisch motivierte Gefälligsbekundung zum Wahlregister von sich gegeben hat, geht es jetzt dem FMLN darum, sie nicht aus der Pflicht zu entlassen, für die halbwegs seriöse Umsetzung ihrer eigenen, zurecht gestutzten Empfehlungen zu sorgen. Die demokratische Kontrolle des Wahlregisters hat für den FMLN eindeutig oberste Priorität. Allerdings ist anzunehmen, dass ARENA genau das blockieren wird – es bleibt nur noch wenig Zeit bis zur definitiven Schliessung des Wahlregister am 18. September 2008 – und dass die OAS erneut mit doppeltem Diskurs, technisch für Reformen, politisch für ARENA, reagieren wird.
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