Zonas de pobreza en El Salvador: el terror de las maras y del régimen

 

(220413) Las fuerzas pro-fascistas también están avanzando en El Salvador. El ejército se convierte en un instrumento de control de una población "sospechosa", los pobres. Los derechos fundamentales están "suspendidos". Desde el más alto nivel se celebra la completa impunidad de las fuerzas de seguridad. La población "sospechosa" se encuentra entre el terror de las maras y el del Estado.

(zas, 12.4.22) Durante el último fin de semana de marzo fueron asesinadas 87 personas, 14 el viernes, 62 el sábado y otras 11 el domingo. Antes del amanecer del domingo, el Presidente Nayib Bukele ordenó el estado de excepción, incluida la suspensión de los derechos fundamentales, que fue acatado inmediatamente por su mayoría parlamentaria. El miércoles siguiente, a instancias de Bukele, la misma camarilla aprobó siete reformas legislativas y un mecanismo de pago de las "informaciones" de la población. El 5 de abril, Bukele decretó a través del parlamento: cualquiera que publique mensajes de maras -ya sea en los medios de comunicación o en las redes sociales- será condenado a entre 10 y 15 años de cárcel.  

Asesinado en Colón, 26 de abril.

"Suspendidos" están la libertad de reunión y asociación, el derecho a una abogada, el límite de 7 días para la detención policial, la autorización judicial para la vigilancia de las comunicaciones (teléfonos móviles, etc.). El ejército y la policía pueden detener a personas que les parecen "sospechosas" sin justificación. Cambios de leyes: El término asociación ilícita se extiende a cualquier grupo de tres o más personas que tenga un propósito ilegal. Los miembros reciben entre 20 y 30 años de prisión, los jefes o financieros entre 40 y 45 años. Se suprime el plazo de la prisión preventiva sin sustituirlo en casos como la asociación ilícita o la planificación de delitos. Los miembros de asociaciones ilícitas de 12 a 16 años recibirán hasta 10 años de prisión, los de 16 a 18 años hasta 20 años. La nueva figura de los "jueces anónimos" introduce un sistema de justicia secreta.

Desde que asumió la presidencia hace casi tres años, Bukele se ha anotado puntos de propaganda con la gente vejada por el terror marero como "duro luchador" contra las bandas. Según las cifras oficiales, opacas, la tasa de asesinatos ha descendido masivamente en los años de Bukele. Pero también están los miles de desaparecidos: muchos cuerpos yacen en fosas comunes clandestinas. Ya en los dos últimos años se han producido dos explosiones suprarregionales de cifras de asesinatos, así es como las maras "negocian" con el gobierno. Es de suponer que una explosión así del año pasado fue para evitar las solicitudes de extradición de Estados Unidos, ya aprobadas por la justicia, de una docena de miembros de la cúpula de la MS-13, la mayor mara. Rápidamente, la nueva mayoría del Tribunal Supremo nombrada por Bukele detuvo estas extradiciones, oficialmente por la preocupación por la falta de protección de los derechos humanos en el sistema penitenciario estadounidense. En cambio, algunos de los cuadros dirigentes de la Mara 13 exigidos por Estados Unidos han sido puestos en libertad en los últimos meses, a pesar de las condenas de prisión, en algunos casos de décadas. Hay pruebas de grandes acuerdos entre Bukule y las maras.

 

La política del miedo

Según la policía, la mayoría de las víctimas aquel fin de semana de marzo fueron elegidas "a ciegas", es decir, al azar. El mensaje: si salís a la calle, te pueden matar. Bukele vende el militarismo y el estado de excepción como la respuesta. Pero para detener mareros e intervenir sus comunicaciones no sería necesario un estado de excepción, ya están las facultades legales. ¿Autorización judicial para controlar las comunicaciones mareras? Espera de menos de 24 horas. ¿Identificado como miembro de la mara? Tu detención es obligación por ley.

Pero a Bukele no le interesa la lucha contra la mara, sino utilizar el problema marero para imponer en El Salvador un estado mafioso militarizado. Esta mirada puede aclarar varias operaciones del régimen como los pagos a las maras, el intento de introducir el bitcoin como moneda nacional para optimizar el negocio de las mafias internacionales, la igualación del Estado desde la oficina del defensor del pueblo hasta el parlamento y, por ejemplo, las administraciones municipales, la glorificación y la impunidad del ejército y la policía "civil" siempre más un anexo a la fuerza armada, las amenazas contra cualquier oposición (también a través de mareros), etc.

Desde la declaración del estado de excepción, unas 9.000 personas han sido detenidas como miembros de la Mara, según el gobierno. Como ya ocurriera con motivo de una "repentina" serie de asesinatos en 2020, el bukelismo vuelve a recurrir a instrumentos fascistas, pero hoy de forma aún más descarada. Es que mucha gente atormentada por las maras pronuncia frases como "fusilen a todos, ahora". Suelen ser expresiones nacidas de la impotencia, del miedo y de la rabia ante el terror marero. Bukele aprovecha esas expresiones y trata de darles un giro fascista y explotarlas. Si en eso va a tener éxito o al contrario se perjudica es una cuestión abierta. Para ilustración algunos tuits del presidente del Estado:

27 de marzo: "La @PNCSV y la @FUERZARMADASV deben dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo y deben defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros.” (Va dirigido a miembros de la oposición, grupos de derechos humanos y otros.) 28 de marzo: "(...) yo no le quitaré presupuesto a las escuelas para darle de comer a estos terroristas. Vamos a racionar la misma comida que se da ahora y de ahí comerán los nuevos también.” 29 de marzo: (Homeboys: autodenominación de los miembros de la banda): "Tenemos 16,000 “homeboys” en nuestro poder. Aparte de los 1,000 arrestados en estos días. Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol. PAREN DE MATAR YA o ellos la van a pagar también.” Adjunto al tuit un video sadístico sobre como maltratan a los presos). Primero de abril: (Comentando un informe policial según el cual "2 terroristas atacaron a nuestros agentes y soldados" y luego se tiraron al suelo "para guardar las apariencias": "Claramente se ve que uno de ellos estaba comiendo papitas con ketchup." Aquí la foto que acompaña el tuit:

 

 3 de abril: "Pero si incrementan homicidios, eliminaremos totalmente la alimentación en los centros penales de pandilleros. Y ahora hay más de 5,000 nuevos inquilinos (arrestados en estos 7 días de régimen de excepción). Todo arrestado irá a vivir el mismo régimen, por 30 años.”

 

Control de la población

Como he dicho, la represión de las maras no requeriría la suspensión de los derechos fundamentales. Se trata de otra cosa, del control de la población “sospechosa”, o sea pobre en una situación en la que las explosiones de asesinatos sirven también para encubrir una espiral de empobrecimiento masivo. Es significativo: el decreto parlamentario no menciona que se suspenda la prohibición de los registros domiciliarios sin orden judicial. Pero están ahora están a la orden del día. Tampoco afecta al derecho a la libertad de circulación, spplp que no existe en nla nueva práctica. Muchas zonas de las clases bajas están ocupadas por la policía y el ejército. Cualquiera que quiera salir o entrar está, si se le autoriza, fichado. Pero por la noche, parece, los militares y los policías abandonan las zonas en algunos lugares, lo que significa que las maras vuelven a tomar el control (lo que arroja luz sobre el aspecto propagandístico de la política del gobierno). Todos los días, familiares de los presos, casi siempre mujeres, se reúnen frente a una bartolina central de la policía, el penalito, esperando obtener información de las autoridades sobre el paradero de sus familiares. Las imágenes recuerdan a otras de la guerra civil.

 

Regresando a la colonia. Foto: El Faro.

En los medios (tradicionales y sociales) abundan informaciones sobre capturas de muchas personas sin relación con las maras. Dejan claro, como también informaciones de adentro de la policía, que las fuerzas de seguridad tienen que cumplir cuotas de captura predeterminadas. Es otro elemento para hacernos entender que una crítica del régimen únicamente en términos de la separación de poderes violada en el Estado. Esto no es erróneo, pero pasa por alto el contenido social de, por ejemplo, las detenciones masivas arbitrarias. El grupo que rodea al clan Bukele es mafioso y de orientación neoliberal. La dominación violenta de las clases bajas, ya sea mediante el terror criminal o militar, forma parte del "plan de negocios". Más aún en un momento en el que los precios de los artículos de primera necesidad se disparan, el régimen apenas puede encubrir sus dificultades presupuestarias, los prometidos flujos de dinero cibernético no parecen materializarse, los pagos de dinero de protección a las mafias en las zonas de clase baja exacerban la pobreza...

Tras un probable nuevo acuerdo del gobierno con las maras, se supone que éstas volverán a garantizar la "calma" en las zonas de pobreza. Por supuesto, algunas de las personas ahora detenidas estarán en estructuras de mara. Pero muchas no. Hé aquí la historia del trabajador, "desaparecido" en la black nbox de las fuerzas de seguridad por andar en la calle sin celular. Su hija le dijo que, como analfabeto, no tenía celular, pero que, como diabético, necesitaba urgentemente una medicación. La vendedora informal, de camino al trabajo sin certificado de trabajo y, por tanto, capturada. La mujer de camino a la tienda de la esquina... arrestada. El carpintero, pillado por no tener el recibo de su celular. La historia de los trabajadores de la empresa de Café 1200 que querían volver a casa en el carro de la empresa y fueron atrapados por el ejército. Las quejas de la gente de que apenas pueden dormir por miedo a que les recogieran en casa por la mañana como a otros vecinos. La muerte de Walter Sandoval, detenido el 3 de abril cuando volvía a casa después de una partido de footbol. Al día siguiente, la policía lleva su cadáver al hospital con marcas de tortura. Presuntamente asesinado por sus compañeros en el penal especial de Izalco. La familia exige una aclaración.

 

En el entierro de Walter Sandoval. El padre exige investigación.

Los trabajadores del Café 2000 fueron liberados porque el jefe de la empresa inició una campaña publicitaria en Twitter. No porque el poder judicial haya funcionado correctamente. En las zonas rurales también hay mucho acoso y detenciones. Poca gente allí conoce Twitter.

 

Los jueces al banquillo, la prensa a callar

Casi a diario, Bukele, en su calidad de juez supremo del país, dicta su sentencia contra los detenidos bajo el estado de excepción. Por ejemplo, en su comentario sobre un informe policial sobre la captura de "21 terroristas": "30 años para cada uno". El 1 de abril, ordena al Tribunal Supremo el traslado de un juez que había querido liberar a 42 mareros: "Hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia a remover a los jueces cómplices del crimen organizado. También hago un llamado a la @FGR_SV a investigar los posibles nexos de este juez con el crimen organizado y las estructuras terroristas.” Ese mismo día, el Tribunal Supremo obedeció y trasladó al juez Godofredo Salazar. El día anterior había absuelto a 42 acusados en el contexto de la Mara 18, porque la acusación se basaba en un testigo criteriado cuyo testimonio Salazar calificó de contradictorio y posiblemente deliberadamente falso, según los medios de comunicación. Ahora bien, suele haber bastantes jueces que dejan ir a los mareros por miedo o por una cuota. Sólo que otra sentencia de Salazar explica de forma más convincente el odio de Bukele hacia el hombre. El 4 de marzo, Salazar condenó a cientos de años de prisión a un grupo de la Mara 18, entre los que se encontraba la líder de un "sindicato" mafioso de vendedores del mercado, Norma Aguirre (sentencia: 27 años). Esta persona notoria fue condenada por co-organizar la extorsión de la llamada renta para la Mara 18 en el mercado central y por canalizar lay mayor parte de las subvenciones de la pandemia, supuestamente girigidas a los miembros de su grupo, a esa mara. En el juicio, un fiscal que Bukele aún no había mandado a que lo despedidan reveló los estrechos vínculos de Aguirre con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, a través del cual habían pasado las "ayudas pandémicas" a la 18. Castro, un peso pesado en el gabinete, había jefeado un sindicato de empleados públicos, mucha veces matones militantemente anti-izquierdistas. Este caso también desenmascara el show de enemistad de Bukele con las maras y recuerda intempestivamente el flujo de dinero del gobierno (300.000 dólares para estar seguros) a las maras bajo el pretexto de la pandemia. (La sentencia de prisión para Aguirre fue convertida en arresto domiciliario subito por otro tribunal).

El traslado de la jueza Gladis Salgado a principios de enero pasado pertenece al mismo capítulo. Un mes antes, había desestimado un caso contra Jeanette Aguilar presentado por un diputado de Bukele por un tweet supuestamente "difamatorio". Aguilar, una experta con buenos contactos en los círculos de seguridad, había denunciado repetidamente elementos de los pactos del régimen con las maras. La jueza de instrucción Edelmira Flores también fue trasladada en enero pasado. Su delito castigado por el Tribunal Supremo: Había convertido la prisión preventiva del ex ministro de seguridad del FMLN, Mauricio Ramírez Landaverde, en arresto domiciliario. El bukelismo lo acusa con de haberse enriquecido con las tiendas internas de las cárceles (en realidad, un pproyecto de reintegración de los y las presos).

La orden de Bukele a su fiscal general de abrir una investigación penal contra el juez Salazar por conexiones con el terrorismo es una nueva escalada tras la "limpieza" del poder judicial y la serie de traslados ordenados por Bukele hace meses. Espere aún más veredictos de conformidad con el gobierno ... e informes de la prensa. En cuanto a la ley mordaza mencionada al principio, una periodista tuiteó que 12 colegas le habían dicho después que no querían ir a la cárcel... Una madre que esperaba fuera de la cárcel de tránsito para obtener información sobre su hijo detenido le dijo a una periodista: "Que Dios os bendiga a los periodistas". Bukele acaba de calificar a un periodista que no es de su agrado como “basura”.

 

Neoliberalismo mafioso

El rumbo mafioso neoliberal del régimen amenaza a todos los que no encajan. Ernesto Castro lo deja claro. En los años noventa, fue empleado de una discoteca de Bukele conocida por tráfico de drogas y fue investigado por un periodo. Bajo la presidencia de Tony Saca fue elegido el fiscal general Safie, estrechamente relacionado con los narcos, quien cerró el caso. Hoy Castro es presidente del Parlamento. La Prensa Gráfica escribe que sobre la proclamación del estado de excepción, opinó “que va ‘para los partidos de la esquina (...) esos partidos que financían’ a las estructuras criminales, refiriéndose a los partidos de oposición.” Para relativizar las airadas posturas "antiimperialistas" de su jefe (contra el Partido Demócrata de EEUU y las organizaciones afines), el hombre justificó la abolición de los derechos fundamentales de esta manera: "(...) “y también nuestros buenos amigos de EEUU, el expresidente también de EEUU, Donald Trump también los declaró a las maras como terroristas”.

La resistencia en las condiciones actuales será muy difícil. La coalición de organizaciones y movimientos sociales, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, ha convocado una gran protesta el 1 de mayo contra los ataques sociales y represivos a la población pobre. Posteriormente, el ministro de Seguridad se refirió a una posible prórroga del estado de excepción por otro mes. Hasta ahora, el régimen buha buscado evitar un ataque frontal a las grandes movilizaciones de repudio. Se ha apoyado más en el crear alarmismo y confusión y en la represión menos visible. (Por ejemplo, en los grandes eventos del Bloque, los que llegan del interior en autobuses ya no sólo son controlados y registrados, sino que los autobuses son confiscados: adiós a los ingresos, adiós al siguiente alquiler). Vista la nueva escalada fascista, no se sabe si el 1ro de Mayo trata de reprimir manu militar o si le apuesta a que el miedo provocado pueda más que la ira de los habitantes de las zonas "sospechosas".

 

 

El Salvador: Die Rolle der Verfassungskammer

In El Salvador kommt der Verfassungskammer des Obersten Gerichts zweifellos eine besondere Rolle bei der Bekämpfung emanzipatorischer Umwälzungen in der Gesellschaft zu. Eine lokale Variante im kontinentweiten Versuch des Rollbacks. Das kommt in El Salvador in einem Gewand daher, das demokratische Illusionen wecken soll.

Dieter Drüssel

Nehmen wir die Meldung im linken Portal «Verdad Digital»»: «Die Kammer anerkannte das Verfassungsrecht auf Wasser.» Überraschung total. Denn die bis 2018 gewählte tonangebende Vierergruppe des fünfköpfigen Gremiums hat sich als Speerspitze der Reaktion etabliert (s. «Das Oberste Gericht gegen die Demokratie» in diesem Heft). Die regierende Linkspartei FMLN versucht seit langem, im Parlament ein Verfassungsrecht auf Wasser zu verankern, was die Rechte blockiert. Basisorganisationen des Foro del Agua waren seit Monaten dafür auf die Strassen gegangen. Um was es geht, zeigt exemplarisch der Fall von Coca-Cola in der Gemeinde Nejapa nahe der Hauptstadt. Hier füllt der Multi SabMiller für Coca-Cola sauberes Wasser für den zentralamerikanischen Markt ab. 2013 stellte SabMiller dem Umweltministerium einen Antrag auf weitere Förderschächte. Das Foro del Agua gab daraufhin eine hydrologische Untersuchung in Auftrag, welche eine dramatische Gefährdung der Trinkwasserversorgung in Nejapa und generell im Grossraum der Hauptstadt belegte. Ein Verfassungsrecht auf Wasser würde solche Ansinnen verhindern.

Doch jetzt sagte Verfassungskammermitglied Sidney Blanco, zwar sei das Recht auf Wasser nicht reguliert, «aber die Kammer hat es schon festgelegt, und dies bedeutet, dass es unnötig […] ist, dass [es] wortwörtlich in der Verfassung stehen muss» (id.). Julián Salinas, Mitarbeiter im Büro der Parlamentspräsidentin Lorena Peña, klärte jedoch das scheinbare «Wunder». Bindend sei das Urteil der Kammer einzig für einen konkreten, lokalen Streitfall, in dem eine Gemeinde einer Siedlung das Wasser wegen Zahlungsrückstand abdrehte. Denn die «Festlegung» tauchte bloss in den Erwägungen der Kammer auf, nicht im Urteilsbeschluss selber. Sie bleibt deshalb eine Meinungsäusserung, an die in Zukunft kein Gericht gebunden ist. Blanco, 2009 wegen früherer Meriten als mutiger junger Staatsanwalt vom FMLN für die Verfassungskammer vorgeschlagen, beteiligte sich also an der Kampagne gegen ein Verfassungsrecht auf Wasser, dabei aber progressive Assoziationen abrufend – die übliche Tour des Konvertiten.

Am 29. Mai d. J. gab die Kammer ein Urteil zum 2006 in El Salvador in Kraft getretenen regionalen Freihandelsvertrag CAFTA mit den USA bekannt. Und wieder kam es zu bewundernden Ausrufen. Kühn habe die Kammer eine CAFTA-Klausel als verfassungswidrig erklärt, wonach alle CAFTA-Länder mit einem Verbot der Pflanzenpatentierung die internationale «Pflanzenschutz»-Konvention UPOV 91 unterschreiben müssen. (UPOV 91 ist im Zuge der Offensive der Multis für die Patentierung von Leben entstanden.) Da nun aber, so die Argumentation der Regierung und des Parlaments, die salvadorianische Gesetzgebung kein explizites Verbot der Pflanzenpatentierung aufweist, falle El Salvador unter die CAFTA-Bestimmung für jene Länder, die die GVO nicht explizit verboten haben. Für diese Länder aber gelte es bloss, möglichst vernünftige Anstrengungen zur Einführung der Pflanzenpatentierung zu unternehmen. Ein sehr dehnbarer Begriff … An dieser Position dürfte der US-Handelsbevollmächtigte dank der Vorlage der Verfassungskammer bald rütteln. Kaum zur Kenntnis genommen wurde, dass die Kammer wie nebenbei den entsetzlichen Freihandelsvertrag als verfassungskonform abgesegnet hat.

Ein letztes Beispiel für die «Fortschrittlichkeit» der Kammer: Am 29. Juli 2015 verwarf sie die Versteigerung als einziges Mittel zum Erwerb einer Radio- oder Fernsehfrequenz, doch tastete sie dabei das Prinzip der Kapitalstärke als Marke für den Frequenzerwerb nicht an und verwarf andere Punkte der BeschwerdeführerInnen wie etwa zur Anerkennung öffentlicher Sender oder kommunitärer Basismedien. Einhellig «ehrfuchtsvoll» rezipierten die Monopolmedien und der «zivilgesellschaftliche» Jubelchor für die «Phantastischen Vier» den Entscheid, das bisher geltende Recht auf automatische Konzessionserneuerung abzuschaffen. Unerwähnt blieb dabei, dass dies bloss für neue Konzessionäre gilt, die bisherigen Medienoligopole bleiben unbehelligt. Leonel Herrera vom Zusammenschluss der Basisradios ARPAS kommentierte: «Wir werden eine Art faktischer automatischer Erneuerung haben […] Was die anderen Aspekte betrifft, privates Gut, mangelnde Limiten für Monopole, sagt die Kammer, das sei verfassungskonform[1].»

Mit Kafka den Staat «immunisieren» …

 «Wenn [die Rechte] weder die Regierung noch das Parlament dominiert, gilt es, deren Funktionieren zu verhindern und das Entscheidungszentrum zu den vier loyalen Magistraten zu verlagern[2]», fasst die FMLN-Fraktionschefin Norma Guevara die einschlägige Logik zusammen. Die Kammer hebt laufend Parlamentsentscheide auf, etwa, wenn es darum geht, das Wahlsystem selbstherrlich nach eigenen, verfassungswidrigen Vorstellungen zu designen oder die Regierung finanziell auszubluten.

Auch in der Personalpolitik ist die Kammer aktiv. Ihre Personalentscheide bezwecken, möglichst viel die Regierungspolitik hemmendes Personal aus der «alten Schule» in Kaderpositionen staatlicher Positionen zu halten. Dafür definiert die Kammer die gesetzlich kündbare «politische Vertrauensstelle» in etwas um, das tendenziell fast nur noch für MinisterInnen und ihre direkten StellvertreterInnen gilt. Selbst die staatliche, aber regierungsunabhängige Menschenrechtsprokuratur wurde kürzlich gezwungen, einen wegen offenkundiger Sabotage an der Arbeit entlassenen Kader an seinem alten Arbeitsplatz wieder einzustellen. Dieses Amt ist den «Phantastischen Vier» ein grosser Dorn im Auge, da es seiner Pflicht nachkommt, auch ihre Menschenrechtsverletzungen zu benennen. Wie etwa beim Vierer-Entscheid vor der Präsidentschaftswahl 2014, der allen staatlichen Angestellten, vom Minister und der Parlamentarierin bis zu den Lehrkräften und dem Putzpersonal, jegliche Beteiligung an Wahlkampagnen verbot, auch in der Freizeit, da sie als Staatsangestellte keine Partikular-, sondern die Gesamtinteressen der Nation repräsentierten! (Das Motiv war, populäre FMLN-Zugpferde aus der Wahlkampagne auszuschalten.) Das Kammerziel ist dabei, den Staatsapparat in seinen Entscheidungspositionen gegen «die politischen Parteien», real den FMLN, zu «immunisieren». So setzten die Vier die vom Parlament gewählten Präsidenten des Wahlgerichts, der Rechnungskontrollstelle, des Nationalen Judikaturrates (zuständig etwa für die Ernennung von RichterInnen oder Wahlvorschläge zuhanden des Parlaments für das Oberste Gericht) und ihres eigenen Gremiums ab, stets mit dem Verweis auf eine reale oder mögliche(!) FMLN-Mitgliedschaft. Die Parteien haben, so die Kammer, wohl das Recht, im Parlament Personen für «sensible» Posten zu portieren, aber nur solche, die nachgewiesenermassen(!) nicht Parteimitglieder seien. Begründung: Diese Kader müssten über eine «öffenlich bekannte Moral» verfügen, die ohne Parteiunabhängigkeit nicht gewährt sei![3] Im Fall des Judikaturpräsidenten erfolgte die Absetzung letzten April, obwohl er 2010, lange vor den Unvereinbarkeits-«Neuinterpretationen» der Verfassung, gewählt worden war. Für David Morales von der Menschenrechtsprokuratur schufen die Vier mit diesem retroaktiven Beschluss neue Rechtsunsicherheit. Den Zorn der Vier hatte der Abgesetzte erregt, weil sein Rat nach ihrer Meinung KandidatInnen für die Neubesetzung von Teilen des Obersten Gerichts nicht genügend auf FMLN-Unabhängigkeit durchleuchtet hat. Die Kammer wies das Parlament an, bei seiner Wahl ihr nicht genehme Vorschläge auszuklammern.

… und die Regierung finanziell austrocknen

Für eine Reihe von Beschlüssen, welche die finanzielle Stabilität der Regierung empfindlich einschränken, steht das Kammerurteil vom 10. Juni d. J., das der Regierung «provisorisch» die Aufnahme von $900 Mio. Schulden auf dem Bondsmarkt untersagte. Die Summe entspricht mehr als 20% des Jahresetats und wird, nicht zuletzt wegen einer Reihe früherer Kammerurteile gegen bescheidene progressive Steuerreformen und faktisch zugunsten der Steuerhinterziehung und weitere Formen der Budgetbeschneidung, dringend für Investitionen, Sozialprogramme und den mit der gigantischen Mordwelle im Land strapazierten Sicherheitsapparat gebraucht. (Würden insbesondere die Multis und die Oligarchie ihrer Steuerpflicht nachkommen, wäre die Verschuldungsfrage vom Tisch.) Im Parlament war der $900-Millionenbeschluss trotz ARENA just mit der benötigten 2/3-Mehrheit durchgekommen. Laut dem provisorischen Kammerbeschluss sei aber der Mehrheitsbeschluss eventuell kein Mehrheitsbeschluss gewesen, da beim knappen Parlamentsbeschluss ein Stellvertreter (suplente) abgestimmt habe, der nicht als suplente der abwesenden Abgeordneten gewählt worden sei. In El Salvador springen die suplentes seit je für irgendein abwesendes Fraktionsmitglied ein. Sie dienen dem Erhalt der Fraktionsstärke. Präsident Sánchez Cerén fasste den Kern dieses Entscheides und anderer Kammerentscheide zsuammen: «Sie wollen die Regierung zwingen, nur bei den Armen und nicht bei den Reichen zu kassieren.»

Woher ihr Wind weht, machte die Kammer auch am 13. August 2015 klar. Sie entschied, auf eine Klage jener 14 Soldaten einzutreten, die ein Militärgerichtsverfahren am Laufen haben, weil sie Ende Juli 2015 (im Rahmen einer generellen Destabilisierungsstratgie, s. «Der Krieg der Ebene» in diesem Heft) schwerbewaffnet vor das Parlament ziehen wollten, um Gehaltszulagen zu fordern. Die «Phantastischen Vier» zeigten sich besorgt, dass das Militärjustizverfahren das «Recht auf freie Meinungsäusserung» der Angeschuldigten beeinträchtigen könnte!

Ebenfalls am letzten 10. Juni hatte die Kammer provisorisch ein parlamentarisches Massnahmenbündel gegen den von Multis routinemässig betriebenen Steuerbetrug via transfer pricing suspendiert. (Konzernintern werden dabei Filialen in anderen Ländern etwa hohe Lieferpreise berechnet, die dann als Gewinn in der im Steuerparadies domizilierten Zentrale anfallen.) Die Vier fanden die Argumentation der Beschwerdeführer (darunter ein ehemaliger Vizestaatspräsident von ARENA), wonach bei der entsprechenden Abstimmung fünf suplentes mitgewirkt haben, die dazu gar nicht ermächtigt waren, da nicht einzeln auf den Wahlzetteln aufgeführt, einer vertieften Erörterung irgendwann in den nächsten Jahren wert. Nun sind die suplentes noch nie auf den Wahlzetteln aufgeführt gewesen (lediglich beim Wahlgericht registriert), und logischerweise müsste die Kammer so ziemlich alle Gesetze der letzten Jahrzehnte «suspendieren», da wohl kein Dekret je ohne suplentes verabschiedet worden war. Tricky situation, weshalb die Kammer ausdrücklich festhielt, ihr Entscheid betreffe einzig den vorliegenden Fall. Die Vier wissen zu differenzieren: Sie selber sind mit den Stimmen von 13 suplentes gewählt worden, abgesehen davon, dass zwei von ihnen nur als Ergebnis einer heute dokumentierten Intervention des damaligen ARENA-Präsidenten Alfredo Cristiani überhaupt auf die Vorschlagsliste des Judikaturrates zuhanden des Parlaments gekommen sind, nicht etwa als Ergebnis einer gesetzlich vorgeschriebenen Wahl durch die Anwalts- und Richtergremien. Der FMLN hatte 2009, nach seinem ersten Präsidentschaftswahlsieg, um der lieben Regierbarkeit willen zugestimmt – denn ARENA hatte alle alternativen Vorschläge blockiert und es drohte ein Vakuum an der Justizspitze. Seither bezahlt der FMLN einen bitteren Preis für seine «Gesprächsbereitschaft». (Eine parlamentarische Untersuchungskommission zu ihrer Wahl, die auch die Vorstrafen wegen häuslicher Gewalt eines der «Vier Phantastischen» berücksichtigt hätte, verbot die Kammer als verfassungswidrig.)

Die Botschafterin und ihr Gefolge

Als sich das Parlament bzw. seine Mehrheit 2012 gegen die laufende Machtanmassung der Kammer und die eigene schrittweise Degradierung zum Ausführungsorgan der Vier mit einem Rekurs an ein zentralamerikanisches Gericht wehren wollte, setzte auch ein internationaler, von Washington koordinierter Aufschrei zugunsten der «Unabhängigkeit der Justiz» und der «Respektierung der Gewaltenteilung» ein. Führende US-PolitikerInnen und Medien, die UNO-Menschenrechtskommissarin und zugewandte «zivilgesellschaftliche» Organisationen übten einen so mächtigen Druck aus, dass die Parlamentsmehrheit um den FMLN schliesslich klein beigeben musste. (Als im gleichen Jahr der starke Mann von Honduras, der heutige Staatspräsident, jene Mitglieder der dortigen Verfassungskammer, die seine geplanten «Modellstädte» als verfassungswidrig verwarfen, schlicht und einfach absetzte, schwieg die «engagierte» Meute.) Jetzt, wo die Regierung, der FMLN  und Sozialbewegungen die sich häufenden Diktate der Kammer wiederholt kritisieren (sie aber umsetzen!), beginnt das gleiche Spiel. Ein Editorial der Jesuitenuniversität UCA, heute ein erbärmlicher Abklatsch ihres früheren Selbsts (geblieben ist die elitäre Vorstellung, verschwunden die emanzipatorische Hartnäckigkeit), sprach am 29. Juni 2015 von Kammer-feindlichen Regierungsäusserungen «auf unvorstellbarem Niveau» und «einer Hetzkampagne»[4] – man denke, FMLN- und RegierungsvertreterInnen postulieren eine politische Agenda hinter den Kammerurteilen! Das Kammermitglied Sidney Blanco verstieg sich drei Tage zuvor sogar zur Behauptung, «aus der Regierung wird zu Attentaten»[5] gegen die Kammer angestachelt. Absurdes und widerliches Opfergetue.

US-Botschafterin Mari Carmen Aponte erklärte zur gleichen Zeit, «für uns ist die Respektierung des Rechtsstaates sehr wichtig», positiv sei, dass die Regierung «bisher» [den Entscheiden der Kammer] «gehorche»[6]. Heinrich Haupt, offiziell deutscher Botschafter im Land und inoffiziell notorischer ARENA-Propagandist, behauptete ebenfalls in diesen Tagen: «Das Staatsorgan mit dem höchsten Ansehen in diesem Land ist die Verfassungskammer und […] sie ist der Grundpfeiler der Demokratie und des Rechtsstaates.»[7] Im Übrigen wies er den Staatspräsidenten an, wenn er Dialog mit den politischen Kräften wolle, auf Kritik an der Kammer wie am 1. Mai zu verzichten. Der empörte deutsche Aktivist meinte: «Es geht nicht auf, auf der einen Seite nach einem Dialog zu rufen und auf der anderen Funktionäre [der Verfassungskammer] zu kritisieren.» Sánchez Cerén an der 1.-Mai-Demo: «Es darf nicht sein, dass sich vier Personen über die Verfassung und den Willen der salvadorianischen Bevölkerung hinwegsetzen.»[8] Haupt gilt als Mitglied der Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU). Die KAS hatte zusammen mit dem Interamerikanischen Gerichtshof der OAS für die Tage vom 18. bis 20. Juni 2015 zu einem Seminar mit Mitgliedern lateinamerikanischer Verfassungs- und Obersten Gerichte in Costa Rica geladen. Dabei verwahrten sich deren VertreterInnen aus Kolumbien, Peru, Guatemala, Costa Rica, Paraguay und Honduras in einem Kommunique gegen «die öffentlichen Angriffe […] auf die Magistraten der Verfassungskammer der Republik von El Salvador, weil sie die konstitutionelle Kontrolle von Gesetzen und die Verteidigung von Verfassungsrechten wahrnehmen»[9].

Die «Demokratie» der Elite

Die Waffen sind in Stellung gebracht. Kommt es in Zukunft zu einer weiteren Eskalation des Justizputsches und energischem Widerstand dagegen, wird eine nationale und internationale Öffentlichkeitsoffensive, gekleidet in die «Sorge um die Rechtsstaatlichkeit», losgetreten werden. Eine wichtige Waffe im zeitgemässen Arsenal des sanften Putsches. Die international gestützte Verfassungskammer kämpft für ein elitäres «Verständnis von Demokratie». Wenn Staatsangestellte sich nicht mehr privat an Wahlkampagnen beteiligen dürfen, da sie die «gesamte Nation» repräsentieren; wenn nach einem weiteren kürzlichen Kammerentscheid die rund 200‘000 technisch an Wahlprozessen (Auszählung etc.) beteiligten Personen über keine Parteimitgliedschaft verfügen dürfen; wenn in hohe Staatsämter nur Menschen ohne Parteihintergrund gewählt werden dürfen zwecks Wahrung der «moralischen Autorität»; wenn das Parlament in wichtigen Bereichen zum Ausführungsorgan eines das «Gesamtwohl» repräsentierenden, nicht-gewählten Gremiums, eben der Kammer, werden soll – dann wird ein Totalitarismus sichtbar: Es gibt nur eine von «übergeordneten» Instanzen definierte richtige, das «Gemeinwohl» vertretende Politik, der die parteiischen Niederungen zudienen, sie aber nicht bestimmen dürfen. Das Bild einer Gesellschaft ohne grundsätzliche Interessenskonflikte. Schon immer eine Waffe von oben in zugespitzten Situationen. Entwickelt ab dem Moment, in dem zum ersten Mal, seit es das Land gibt, eine Partei, die von unten kommt, die Regierung stellt.

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[1] verdaddigital.com, 30.7.15

[2] verdaddigital.com. 15.6.15: Porqué bloquear las finanzas del estado?

[3] http://www.fespad.org.sv/wp-content/uploads/2013/10/Sentencia-%C3%BAltima-versi%C3%B3n-FIRMADA.pdf

[4] http://www.uca.edu.sv/noticias/texto-3732

[5] La Prensa Gráfica, 26.6.15

[6] El Diario de Hoy, 15.6.15

[7] El Mundo, 18.6.15

[8] La Prensa Gráfica, 1.5.15

[9] La Prensa Gráfica, 26.6.15